La crisis de un nuevo modelo para Hacienda
Las divergencias internas en la Agencia Tributaria han restado eficacia a la lucha contra el fraude
CONCHA MARTÍN, En sólo dos años y medio de funcionamiento, la Agencia Tributaria ha tenido tres responsables distintos. Jaime Gaiteiro, Abelardo Delgado y, ahora, Juana María Álvarez, han afrontado el cargo con el empeño de cambiar la organización para una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, dentro de un llamado plan estratégico. Los resultados, de momento, no indican que se haya dado ese paso cualitativo adelante. Ha cambiado el cascarón pero las grandes reformas siguen pendientes. Las áreas de inspección, recaudación y gestión funcionan, como siempre, en compartimentos estancos, mientras la realidad del fraude es cada vez más compleja. Como causas se apuntan la falta de entendimiento entre los máximos responsables de la Agencia y los intereses corporativos.
En la memoria de la Agencia Tributaria correspondiente al pasado año se desliza una frase que revela ese sí pero no que ha fustrado las expectativas. Se insiste en el plan estratégico como el catón de la Agencia... "no obstante, a pesar de la inexistencia de ruptura en la línea de objetivos se puede afirmar que se ha llevado a cabo una reorientación de los mismos". También se alude a la necesidad de "coordinación" entre las' distintas áreas de la Agencia, "dado que los objetivos definidos son los propios de la organización, no de un área concreta de la misma".
El propio Delgado desveló su insatisfacción con los resultados un día antes de que trascendiera su cese, el pasado mes de agosto en Santander. Dijo que el modelo actual de la inspección está agotado, que no se ha sabido reaccionar ante los nuevos refugios del dinero negro y ante un fraude fiscal cada vez más complejo y extendido. Un balance bastante pobre si se tienen en cuenta las expectativas creadas con la Agencia Tributaria, una especie de organismo público que se intentó configurar sin los corsés de la burocracia administrativa.
Plan estratégico
Tras la creación de la Agencia -la descendencia que dejó José Borrell cuando abandonó la secretaría de Estado de Hacienda para ser ministro-, Jaime Gaiteiro, entonces director general, elaboré el plan estratégico para dar contenido a lo que, hasta entonces, era sólo un cambio de nombre. Consitía en descompartimentar las áreas de gestión, inspección y recaudación y dar más poder a los delegados territoriales para acabar con la bicefalia que todavía hoy existe. En esencia, implantar una dirección uniforme que permitiera un tratamiento integral de los mecanismos cada vez más variados y complejos del fraude.
Pero Gaiteiro se quemó en el intento, igual que le sucedió después a Abelardo Delgado. El sucesor de Borrell en la secretaría de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, guardó en un cajón el plan estratégico y la Agencia funcionó con más inercia que otra cosa. Los que siguieron. de cerca el proceso coinciden en señalar como causa que entre Gaiteiro y Zabalza "no había sintonía", igual que ha sucedido después entre Abelardo Delgado y Enrique Martínez Robles, actual secretario de Estado.
La manzana de la discordia puede localizarse en el cuerpo de inspección -1.345 funcionarios-, con un poder de presión considerable y que, según sus detractores, "prefieren trabajar por libre y, además, poco". Estos se han resistido a ponerse a las órdenes de los delegados territoriales con el argumento de que, al ser cargos políticos, pueden poner en peligro la independencia de la inspección. También se han negado a que sus re sultados se midan por los mis mos baremos que los de la gestión o la recaudación. "No es cuestión", afirma uno de ellos, "de que las actas cobradas sean el principal criterio de eficacia; hay que potenciar la investigación con más medios
Ponen un ejemplo. Los casos de Roldán y Rubio han supuesto durante este año una verdadera prueba de fuego. Los inspectores consultados se quejan de que no se han puesto toda la carne en el asador. Para Roldán, únicamente se destinó a un inspector y a un subinspector a petición de la juez del caso. "Fue desmoralizador, porque no parece que ese tipo de prácticas [cobro de comisiones, adjudicaciones a dedo, fallo en los controles del gasto público] sean un hecho aislado".
Igual sucedió en el caso Mariano Rubio, con un solo inspector dedicado "frente a una compleja trama de sociedades dificil de abarcar sin medios". En el asunto Filesa, por el contrario, o el de las cesiones de crédito del, Banco Santander -asuntos heredados de la etapa Solchaga- la Unidad de Represión y Vigilancia del Fraude Fiscal -cuerpo de élite de la inspección- se puso a trabajar.
Los laureles se los ha llevado este año el área de gestión que dirige Fernando Díaz Yubero. Por primera vez, el enorme aparato informático de Hacienda ha tenido resultados tangibles. El cruce entre declaraciones de retenedores y las que presentan los contribuyentes en el impuesto sobre la renta ha permitido detectar algunos ingresos no declarados. Los inspectores consultados dicen que eso está muy bien pero que no se puede seguir estrujando a los contribuyentes de renta y al pequeño fraude: es como matar moscas a cañonazos. "El riesgo es que el sistema fiscal puede ser más injusto todavía porque no se ataca con la misma dureza a las grandes bolsas de dinero negro en el IVA y en el sector inmobiliario".
El dúo de la discordia
Nada más asumir el cargo como director general de la Agencia Tributarla durante el verano de 1993, Abelardo Delgado, 38 años, se encontró con un primer problema. La persona clave dentro de la Agencia que debía ponerse al frente de la inspección no fue nombrada por él sino directamente por el secretario de Estado, Enrique Martínez Robles. Magdalena Álvarez, malagueña con muy buenas relaciones en el PSOE, chocó al poco tiempo con Abelardo Delgado. Las tiranteces llegaban al extremo de que, según varias fuentes consultadas, la directora general de Inspección despachaba directamente con Martínez Robles.Magdalena Álvarez, inspectora de carrera y definida por quienes la conocen como "muy peleona", no congenió con su jefe inmediato, con un carácter más pacífico y un perfil más técnico que político. Delgado hizo caballo de batalla del plan estratégico de la Agencia que elaboró junto a su antecesor Jaime Gaiteiro. Pero, tanto Magdalena Álvarez como Enrique Martínez Robles, sólo han abordado algún aspecto parcial y secundario.
La sorpresa es que el cese de ambos se ha producido casi al tiempo. En el caso de Abelardo Delgado, el desencandenante se atribuye a problemas personales. En el terreno profesional, Delgado había dejado traslucir, también en Santander, su desacuerdo con la decisión que calificó de "política" de mantener en cinco millones de pesetas el límite del delito fiscal, en lugar de los 15 millones "técnicamente" propuestos.
Magdalena Álvarez no pudo resistirse a ser la ministra de Hacienda de la segunda autonomía de España. Este verano tomó la decisión de marcharse a la Junta de Andalucía como consejera de Economía y Hacienda. Apenas hacía un año que había accedido a un puesto de máxima confianza desde el que, probablemente, se maneja el mayor volumen de información confidencial sobre un gran número de ciudadanos.
El nombramiento de la directora general de la Agencia, Juana María Alvarez, ha tenido buena acogida prácticamente unánime. Es también inspectora, aunque los últimos años ha trabajado en el gabinete técnico del ministro de Economía, lejos del día a día en la gestión tributaria. Las fuentes consultadas coinciden en calificarla de "muy íntegra" capaz y firme. Estos días se ha reunido con los delegados provinciales para asegurar que el plan estratégico de la Agencia se llevará adelante.
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