El Gobierno presiona al presidente de la Generalitat para que acuda al debate autonómico del Senado

La Moncloa ha solicitado insistentemente al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que acuda al debate sobre el Estado de las autonomías que se celebrará los próximos días 26, 27 y 28 en el Senado. Pujol, que aún no ha respondido formalmente a la invitación del presidente de la Cámara alta, Juan José Laborda, ha dado a entender, indirectamente, que acudirá.El aplazamiento del debate sobre política general en el Parlamento de Cataluña, previsto para esas mismas fechas, es un síntoma del anuncio de su presencia en Madrid. Las razones de la actitud del Gobierno son poderosas. La ausencia de Pujol, unida a la ya confirmada del lehendakari, José Antonio Ardanza, devaluaría de forma considerable un debate, inédito en la historia de España, en el que el Gobierno pretende visualizar la cohesión territorial del país, con la presencia de Felipe González y los presidentes autonómicos, en un momento de importantes tensiones entre comunidades.

La ausencia de Pujol, unida a la de Ardanza, debilitaría la tesis de Felipe González de que el pacto del Gobierno con CiU contribuye a integrar a los nacionalismos en la política del Estado y, de rebote, daría la razón al PP cuando cuestiona el limitado alcance del pacto.

La importancia que el Gobierno concede a este debate la expresan también las numerosas reuniones preparatorias. El dirigente del PSOE TxIki Benegas ha mantenido reuniones con el vicepresidente, Narcís Serra; el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y los presidentes socialistas de autonomías para aunar posiciones. Mañana lunes se reunirán Narcís Serra y Jerónimo Saavedra.

El Gobierno afronta un doble riesgo ante este debate: que se convierta en una sucesión de agravios de algunos presidentes de comunidades hacia Cataluña y que otros aprovechen su primera intervención en el Senado para plantear sus problemas específicos y no para debatir sobre el futuro del Estado de las autonomías.

En el primer caso, el Gobierno teme la actitud de los presidentes del PP, especialmente el de Castilla y León, Juan José Lucas, que se ha convertido en el abanderado de la política autonómica de su partido, con una actitud muy crítica hacia la Generalitat catalana. Lucas ya ha anunciado su actitud beligerante ante el debate.

El secretario de Estado para las autonomías, Francisco Peña, afirma: "Si el debate se convierte en una crítica de presidentes autonómicos a Pujol o una confrontación entre pacto de Gobierno y Estado de las autonomías sería un desastre".

El debate coincide también con un proceso de reformas al alza de los estatutos en algunas comunidades. Las Cortes deAragón, que cuentan cón un presidente autonómico socialista, José Marco, han aprobado una reforma del Estatuto, que recoge reivindicaciones como un concierto económico y la policía autónoma. La comunidad canaria, presidida por el nacionalista Manuel Hermoso, ha constituido una ponencia para reformar su Estatuto.

En La Rioja, su presidente, el socialista Pérez Sáenz, también se lo plantea. Y en el caso de Andalucía, el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, en minoría frente a la suma de votos del PP e Izquierda Unida, cuenta con el desafío de su Parlamento, que pretende imponerle un discurso de fuerte contenido andalucista.

"un debate protagonizado por estas reivindicaciones quedaría desnaturalizado, porque se trata de hablar del futuro del Estado de las autonomías. No puede reducirse a una sesión de control del Gobierno", dice Peña.