Fraude enorme, ley discutida

EN UN país donde se reconoce que el fraude fiscal -lo que Hacienda deja de ingresar al ocultarse rentas- asciende a tres billones largos de pesetas al año, sería conveniente que la ley tributaria tenga todo el apoyo posible. De los grupos políticos en primer lugar, pero también de la sociedad, evitando cualquier tipo de coartada moral para los defraudadores. Por ejemplo, la existencia de dudas sobre la constitucionalidad de determinados artículos.El fraude supone el 5,5% del PIB -muy superior a la media del 3% que estiman otros países de nuestro entorno-, o lo que es lo mismo, es casi igual al déficit público, una de las pesadillas de la economía española. Pero el conocimiento de la abultada cifra no sirve de nada si no funciona el sistema procesal. Ambas circunstancias -que el ciudadano sepa que existe un fraude tan alto porque sus semejantes defraudan y que no exista una inspección y sus correspondientes sanciones- son elementos añadidos para que el fraude vaya a más.

Lo que está muy claro es que hay que intensificar los métodos de inspección para entrar en todos los resquicios. Esto significa que hay que inspeccionar donde realmente existen las bolsas de fraude. Los datos que el Ministerio de Hacienda desveló en Santander -el marco de la Universidad Menéndez Pelayo ha vuelto a servir para destapar polémicas y crear debate, algo que caracterizó al foro de la capital cántabra años atrás-, en vísperas del comienzo del curso político y metidos casi en la negociación, siempre tensa, de los Presupuestos, aclaran muy a la brava que el principal fraude está en los pagos del IVA (casi medio billón, el 0,9% del PIB) y no en las rentas personales. Eso quiere decir que no sólo hay que incidir en estas rentas, sino en las referentes a las empresas y a las actividades de profesionales de todo tipo.

Con semejante volumen hay que definir de forma muy precisa los límites del juego. ¿En qué momento la falta pasa a ser delito? El límite de cinco millones de pesetas que, contra todo pronóstico, aprobó recientemente el Gobierno, no les gusta ni a los partidos políticos ni al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, y se acerca más al comportamiento mantenido por Hacienda en los últimos meses. No se trata de encarcelar, sino de cobrar. La evolución de los precios ha dejado demasiado bajo ese límite mínimo para que el defraudador sea juzgado penalmente.

La situación en estos momentos parece la opuesta. La advertencia de Auger sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma tributaria recientemente aprobada por el Gobierno obliga al menos a revisar la propuesta. Al mismo tiempo, ha puesto en cuestión el límite establecido para que el fraude pase a ser delito fiscal. El magistrado ha pedido que se eleve de 5 a 15 millones de pesetas, en lo que parece que están de acuerdo todos los partidos. Incluido muy probablemente el propio PSOE, que prefiere, sin embargo, que esa cifra se incluya como resultado de una enmienda de algún partido de la oposición, a fin de evitar sospechas sobre segundas intenciones de la reforma.

La inconstitucionalidad vendría del poder que el actual proyecto de ley concede a Hacienda para perdonar un delito fiscal en función del plazo en que el defraudador salde su cuenta; es decir, según que regularice su situación antes o después de haber sido advertido por la inspección. Auger afirma que sólo los tribunales, y no el ministerio, tienen potestad para eximir de penas.

Se reproducen, pues, discrepancias entre Hacienda y los magistrados, que exigen una rápida solución por varios motivos. Uno de ellos, no retrasar los procesos en marcha, alguno de ellos verdaderamente llamativos. Otro, no crear la sensación de que todo vale, a la vista de que ni siquiera entre los que tienen que controlar el fraude existe acuerdo. En cualquier caso, las recomendaciones del presidente de la Audiencia Nacional merecen, como mínimo, ser consideradas por los diputados encargados de discutir y aprobar el proyecto.