Ecología y negocio

La Administración española defiende para sus caladeros nacionales y a escala mundial una política pesquera más conservacionista de pesca, sostenible o responsable, frente a las grandes flotas depredadoras. La postura española no es ecologista, sin embargo, por casualidad. Existen razones económicas de peso.Esquilmados los caladeros propios y, con un consumo de pescado por persona y año de 40 kilos, más de las dos terceras partes del pescado desembarcado procede de los caladeros exteriores cuyas capturas anuales en el mundo ascienden a 97 millones de toneladas. De los 19.000 barcos que componen la flota pesquera española, aunque casi 17.000 lo hacen en aguas nacionales, la realidad es que el grueso económico se halla en caladeros comunitarios e internacionales. De una flota de 560.000 toneladas de registro bruto, lo cierto es que solamente los 2.200 barcos que faenan en aguas exteriores suponen más de 400.000 toneladas de registro bruto. Con esta composición y dependencia de la flota, España sería uno de los países más interesados en que se mantengan los recursos pesqueros en unos caladeros de los que tiene total dependencia.

Los datos no ayudan a la Administración española a la hora de pelear en Bruselas. Durante el último año, el 28% de los barcos inspeccionados en aguas españolas fueron expedientados por la Secretría General de Pesca Maritima, según los datos elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De una flota de 16.750 barcos que operan en los caladeros nacionales, donde faenan sobre todo barcos españoles, la Administración inspeccionó 1.375 unidades y se abrieron expedientes sobre 387 por irregularidades en su actividad pesquera. De esos 387 expedientes, se halla a la cabeza Andalucía con 171, seguida de Canarias con 101 y cifras más reducidas en el resto del país.

De acuerdo con estos datos, una buena parte del sector de bajura que opera en los caladeros españoles no es precisamente un ejemplo a la hora de cumplir con la dura normativa pesquera aplicada por la Secretaría General de Pesca- Marítima para la conservación de los caladeros. Medios oficiales reconocen que este año las infracciones son elevadas y confiesan no "poner la mano en el fuego por nadie". Para lograr un mayor control, España ha puesto en marcha un Plan de Inspección dotado de unos 5.000 millones que se centra en el aumento de inspectores y de medios marítimos y aéreos para perseguir a los infractores.