Hormaechea se opone a costear la etiqueta verde del bonito de anzuelo

Cantabria no está dispuesta a contribuir al coste de las etiquetas que se colocarán a los bonitos capturados por los pescadores del Cantábrico usando los métodos tradicionales de la cacea y el cebo vivo. Así lo ha anunciado el presidente Juan Hormaechea refiriéndose a la decisión de la Administración central, según la cual las comunidades autónomas deberían pagar la mitad de los gastos de las etiquetas verdes y azules que diferenciarán la mayor calidad del bonito capturado por los pesqueros españoles que proclamarán la calidad de los túnidos pescados por la flota del Cantábrico frente a los capturados mediante el uso de volantas."El Gobierno tiene que olvidarse de obligar a las comunidades autónomas a pagar las etiquetas", dice Hormaechea. "Es absurdo, tendríamos que ser consultados, pero desde luego no vamos a dar nuestro consentimiento".

El presidente cántabro considera que las proyectadas etiquetas no resolverán el problema, y recuerda que la diputación regional está empeñada en impedir el tráfico ilegal de vacunos en esta región por medio de crotales (distintivo metálico que llevan los animales prendido en la oreja) que pueden ser falsificados con facilidad. En su opinión, las etiquetas previstas para los bonitos podrán ser imitadas en cinco minutos.

"La imposición de las etiquetas a los túnidos puede hacer creer que nos resignamos a la pesca con volantas y lo damos como un hecho consumado, pero no es así. O se prohíben totalmente las volantas o pescamos todos con ellas. Si son nocivas para el futuro del caladero, lo que hay que hacer es prohibirlas".

Arrendar el mar

En medio de la marejada que se ha producido en el sector pesquero, el semanario británico The Economist sugiere en su último número que la mejor solución para acabar con el conflicto que padece la Unión Europea sería arrendar el mar a los pescadores o crear un mercado de cuotas comercializables, recoge la agencia Servimedia. De esta manera, sostiene la revista, la política de pesca común podría finalmente producir superávits y eliminar el último casus belli de las democracias.La revista asegura que el problema pesquero obedece a que, año tras año, los gobiernos de la UE ignoran a la Comisión Europea y fijan capturas por encima de lo recomendado por los científicos para garantizar la permanencia de las especies. A su juicio, los gobiernos obran "con una miopía aparentemente contradictoria con la importancia económica de la pesca, principalmente porque en la mayor parte de los países supone menos del 1% del Producto Interior Bruto (PIB), que no es el caso de España.