Los mejilloneros gallegos, en paro para presionar a los conserveros

Los mejilloneros de Galicia cumplieron ayer su segunda jornada de paro indefinido. El paro, que ha sido convocado por la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPMAR), tiene el. objetivo de intentar alcanzar un acuerdo con los conserveros que garantice buenos precios para los mejillones. La OPMAR agrupa a 800 de los 2.500 productores de mejillón gallegos.Esta asociación volverá a reunirse con los conserveros el lunes para retomar las negociaciones sobre el precio del mejillón. Según OPMAR, los comercializadores de mejillón han provocado un descontrol en los precios por el abuso de los descuentos y de las importaciones.

La disputa de los mejilloneros se suma al conflicto del bonito. Según las estimaciones de los pescadores vascos, las capturas de bonito en el Cantábrico han disminuido un 40% desde que se utilizan volantas. Antes de 1990, se pescaban anualmente 23.000 toneladas de bonito y, a partir de ese año, las capturas han disminuido hasta las 14.000 toneladas por año.

Los representantes de las cofradías vascas se reunirán esta semana con portavoces de la UCE (Unión de Consumidores de España) para negociar la forma de identificar los bonitos capturados de forma tradicional.

La pesca ha superado un conflicto en el sur. Los pescadores de las localidades gaditanas de Algeciras y Barbate que se vieron afectados por la prohibición de la red de monofilamneto en los caladeros marroquíes han anunciado que no emprenderán las movilizaciones que habían anunciado ya que los magrebíes han decidido levantar la prohibición. La oposición de los magrebíes a la red de monofilamento está motivada por su rechazo al empleo de material sintético en la actividad pesquera en lugar de materiales biodegradables.

Pesquero liberado

Un pesquero español zarpó ayer del puerto francés de Royan tras pagar una multa de 150.000 francos (unos 3.600 millones de pesetas). El pesquero fue apresado por una patrullera francesa en noviembre cuando faenaba ilegalmente en aguas comunitarias. El barco ya había sido apresado en 1992 y entonces fue condenado a una multa de 50.000 francos más otros 20.000 de indemnización, que no llegó a abonar.