Gobierno 'maquilló' una deuda de 2,6 billones en las cuentas del Estado de 1991

El Gobierno maquilló las Cuentas del Estado de 1991 en una cuantía que alteró las cifras reales en 2,6 billones de pesetas. Los defectos y las omisiones en la contabilidad de la Administración fueron tan numerosos que el Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes que "requiera" al Gobierno para que su balance de los presupuestos "se ajuste plenamente" a las normas legales y a los criterios técnicos ortodoxos. El Ejecutivo superó en 400.000 millones el límite para ampliar créditos que él mismo se había impuesto en la ley de presupuestos para contener el gasto público.

El Tribunal de Cuentas detalla así unas prácticas que dificultan la transparencia sobre el cumplimiento de los Presupuestos. Las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables en lo que respecta a la Cuenta General del Estado de 1991 son tantas que "limitan" el conocimiento de la situación real, según dice el Tribunal en el informe que ha remitido a las Cortes. El documento fue aprobado por unanimidad el pasado día 28.El informe advierte que las partidas de gastos e ingresos de la Administración general pendientes de contabilizar o incorrectamente contabilizadas en 1991 ascienden a 1.688.049 millones de pesetas, que tendrán que ser reconocidos en el balance de años posteriores.

A esa cifra hay que añadir, un billón de pesetas, que es la cantidad en la que el Tribunal de Cuentas estima que los organismos autónomos han sobrevalorado sus resultados presupuestarios en 1991. En total, 2,6 billones gastados y no pagados, que el Gobierno ha maquillado.

La Administración presentó las cuentas al Tribunal con 13 días de retraso, y no incluyó las de 7 organismos autónomos administrativos -existen 41- ni las de 14 organismos comercia les, industriales y financieros, de los 67 existentes. Entre esos organismos, que entregaron posteriormente sus balances, se en cuentran el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los Patronatos de casas militares, la Agencia Española de Cooperacion Internacional y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Los defectos formales en las cuentas presentadas por algunos organismos son tales que el Gobierno no debía haberlas incluido, en opinión del Tribunal. Es el caso del Instituto del IRYDA, del FORPPA y de la Conféderación Hidrográfica del Guadalquivir.

La comparación de la previsión de ingresos y la recaudación real por créditos muestra un mal balance: la recaudación ha quedado en todos los casos por debajo de las previsiones presupuestarias.

Según el Tribunal, los gastos presupuestarios han sido en realidad superiores en 165.352 millones de pesetas a los reconocidos por el Gobierno, mientras que en los ingresos ha contabilizado 111.828 millones de más.

Los ajustes técnicos realizados por el Tribunal de Cuentas tienen como consecuencia que el aparente superávit presupuestario presentado por el Gobierno se convierta en un déficit real. Los 466.489 millones de superávit quedan convertidos, tras las correcciones del Tribunal, en 216.196 millones de déficit.

El informe enviado a los parlamentarios advierte que en las cuentas del año 1991 no han sido contabilizadas obligaciones de pago, contraídas ese año y en otros anteriores, por un total de 1.317.5000 millones. Es la cantidad que, según el fiscal del Tribunal, Miguel Ibáñez García de Velasco, marca la diferencia "entre lo real y lo aparente".

Intereses

Los gastos e ingresos pendientes de contabilizar o que han sido indebidamente contabilizados suponen una carga, que tendrá que reconocer la Administración en sus cuentas, de un billón de pesetas. A lo que tendrá que añadir más de 600.000 millones de pesetas correspondientes a intereses de Letras y Pagarés del Tesoro y devoluciones del IRPF de 1990 y cargados a 1991. En total, 1.688.049 millones.El Tribunal señala que es imposible conocer contablemente el saldo real de los créditos concedidos a funcionarios, y recuerda que hay cuentas abiertas en el extranjero a nombre de varias agregadurías militares, por importe de 14.000 millones de pesetas, que no figuran en la Cuenta del Estado.

Los organismos autónomos administrativos salen mal parados. El Tribunal afirma que Ias cuentas de muchos organismos presentan defectos formales". Una de las consecuencias es que los resultados de su gestión ha sido sobrevalorada, en una cifra cercana a un billón de pesetas.

Por otra parte, la Junta de Andalucía no controla los ingresos, incumple la ley de contratos, abusa de la adjudicación directa y no envía la información sobre las cuentas de algunos de sus departamentos o lo hace mal. Éstas son las principales conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Gobierno andaluz en 1992, coincidentes con las correspondientes a la actuación en la Expo y sobre las que IU pedirá una comisión de investigación.