El Gobierno italiano limita la prisión preventiva a los delitos de más de cuatro años

El Gobierno italiano, presidido por Silvio Berlusconi, aprobó anoche, tras nueve horas de debate, un proyecto de ley sobre la prisión preventiva que reemplaza al polémico decreto que liberaba de esta figura jurídica a políticos y empresarios presuntamente mezclados en casos de corrupción. El nuevo texto señala que la prisión preventiva sólo podrá ser aplicada a los delitos cuya pena prevista en el código sea igual o superior a cuatro años, informó el portavoz gubernamental, Giulianno Ferrara.De esta forma, los acusados de delitos menores, cuya pena prevista sea inferior a los cuatro anos, quedarán el libertad o bajo arresto domiciliario. Todos los delitos contra la Administración pública quedan incluidos en la nueva versión de prisión cautelar, pues su pena supera la barrera de los cuatro años, según explicó el ministro de Justicia, Alfredo Biondi.

Su rival estos días dentro del Ejecutivo, el ministro del Interior, Robertó Maroni, número dos de la Liga, en un intento de apaciguar ánimos, declaró ayer que el proyecto de ley aprobado es injusto, pero necesario.

El texto pasará a debate en el Parlamento. Se espera que sea aprobado antes del 8 de agosto.

Otra novedad del proyecto de ley es que el plazo de prisión preventiva no podrá superar un porcentaje fijo de la pena previsible. Con esto se garantiza la aplicación de la medida a los procesados por delitos de corrupción y concusión y, en general, a todos los presuntos reos de delitos económicos graves, sin discriminación contra los delincuentes que se encuentran en los estratos sociales inferiores.

La polémica reforma introducida la semana pasada, y que Berlusconi hubo de retirar el pasado martes debido a las protestas que suscitó en los juzgados y en la calle, establecía tipos de delitos que podían ser motivo de aplicación de la prisión cautelar, como los de Mafia, violencia y terrorismo, y otros que no podían serlo. La corrupción y la concusión, cuya investigación durante los últimos dos años ha cambiado por completo el panorama político de Italia, quedaban exentos.

La reglamentación anterior a la reforma indicaba simplemente que la prisión preventiva podía ser aplicada siempre que hubiera riesgo de que un presunto delincuente se diera a la fuga, destruyera las pruebas o persistiera en su delito. Estas circunstancias seguirán teniendo que cumplirse para que se decrete la prisión preventiva.

El proyecto debatido ayer establece además que, en caso de violación del secreto de las diligencias, cuando se publiquen noticias sobre los afectados por investigaciones en curso, la responsabilidad no será del periodista, sino del magistrado que filtró la noticia, en el caso de que sea descubierto. Esta norma anula la prohibición de publicación de noticias establecida por el decreto-ley retirado.

La aprobación del proyecto de ley cierra formalmente una crisis que ha puesto en entredicho la capacidad de gobernar de Berlusconi. Éste, sin embargo, ha prometido que a partir del lunes reaccionará contra las versiones de lo sucedido que han dado las televisiones y los periódicos, por los que el primer ministro italiano se ha sentido maltratado. Y añade: "Veréis cómo, para muchos, esta historia se transformará en un bumerán".