Elaborada la primera carta magna de la asistencia sanitaria europea

La lucha ha sido a brazo partido. Pero al final, y pese a las fuertes presiones de países de influencia católica, la Convención Europea de Bioética ha logrado evitar la definición de ser humano, de inmediatas consecuencias sobre el aborto en las naciones que lo permiten. El texto, que será presentado el próximo jueves en Estrasburgo, ha sido elaborado por el Comité de Bioética del Consejo de Europa, que dirige el médico español Octavi Quintana. Sus normas serán de obligado cumplimiento para todos los países que lo ratifiquen.

La Convención Europea de Bioética, primera de estas características en el mundo, crea unas reglas generales de actuación en los campos de la investigación y la asistencia sanitaria que deberán cumplir, con prevalencia sobre sus leyes nacionales, todos los países que la ratifiquen. Está previsto que lo hagan las 32 naciones que integran el Consejo de Europa; entre ellas, España, además de Australia, Canadá y Nueva Zelanda."Después de tres años de discusiones a brazo partido hemos sacado un texto consensuado", explica Octavi Quintana, presidente del Comité de Bioética del Consejo de Europa y asesor en el Ministerio de Sanidad. "Me parece muy importante el hecho de que nos pongamos de acuerdo en unas reglas que afectan a la dignidad del ser humano".

La ética en la investigación científica ha suscitado los mayores y enconados debates entre los redactores. de la convención. Muchos países entre ellos, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal y Alemania- lucharon por conseguir una definición de ser humano. "Yo me he negado insistenteinente", reconoce Quintana. A su juicio, compartido con colegas de varios países, este concepto está hoy más relacionado con consideraciones morales y religiosas que con evidencias científicas. Los países acordaron finalmente apostar por el concepto de dignidad humana, estableciendo, eso sí, coto a la experimentación con embriones.

Al igual que ya establece la nueva ley de bioética de Francia, sólo se permitirá la intervención en embriones de desarrollo inferior a 14 días; las manipulaciones en el material genético humano quedan limitadas a motivos de estricta índole terapéutica, y nunca tocando la línea germinal (las células reproductivas humanas). De esta forma quedan proscritas posibilidades como la selección del sexo, excepto en casos de enfermedades ligadas a ello, o de determinadas características genéticas del futuro ser.

Cobayas profesionales

En el aspecto sanitario, el documento define que el acceso a la sanidad debe ser equitativo para todos los ciudadanos; que ningún ser humano podrá ser sometido a intervenciones ni a experimentación sin su previo consentimiento por escrito, y que tampoco podrá existir transacción económica alguna con el cuerpo humano y sus partes. Esto no sólo prohibe tajantemente el tráfico de órganos y -tejidos para trasplantes, sino también la compensación económica a las personas que se sometan voluntariamente a ensayos clínicos."En España no está permitido, pero tampoco prohibido explícitamente, y yo quiero que se impida la existencia de cobayas profesionales", indica Quintana.

La Convención de Bioética garantiza la absoluta confidencialidad del historial clínico de los ciudadanos y limita los casos en que se puede obligar a un trabajador a verificar su estado de salud. En opinión M máximo responsable del documento, esto es de suma importancia para impedir el tráfico de datos clínicos entre compañías de seguros, o el uso de las pruebas genéticas y sanitarias por parte de las empresas con fines de selección de personal".

La nueva normativa ha previsto, no obstante, una excepción a la confidencialidad, que se podría violar cuando sus consecuencias afecten gravemente a un tercero.El Consejo de Europa no tiene previsto crear un tribunal específico para salvaguardar el cumplimiento de esta convención, como sucede en el caso de los derechos humanos con el Tribunal de Estrasburgo. Pero cualquier ciudadano tendrá el derecho de acogerse a los principios de esta convención en sus tribunales nacionales.

Por el momento, el único mecanismo de control previsto será el ejercido por el propio secretario general del Consejo de Europa, quien podrá solicitar a los Estados informes periódicos sobre la aplicación del documento y hacerlos públicos con todas sus consecuencias.