PP quiere una reduccion drástica de los nombramientos discrecionales del Gobierno

El PP quiere reducir al mínimo la batería de altos cargos de libre designación y limitar el nombramiento para puestos como gobernadores civiles a funcionarios de carrera. Según una proposición de ley de Gobierno que presentó ayer en el Congreso de los Diputados, la libre designación quedaría limitada a los vicepresidentes del Ejecutivo, ministros, secretarios de Estado, secretarios generales y delegados en las comunidades autónomas. Una propuesta paralela de reducción de altos cargos permitiría ahorrar, según los populares, 79.000 millones de pesetas al año.

La proposición de ley pretende llenar un vacío en el desarrollo de la Constitución, según el diputado Rodolfo Martín Villa, y garantizar la profesionalización de la Administración pública. El Grupo Popular tratará de pactar el texto con las demás fuerzas parlamentarias, según anunció su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rodrigo Rato.Esta iniciativa fue una de las primeras anunciadas por José María Aznar tras la victoria electoral del 12 de junio. Su contenido traza un panorama de simplificación, reducción drástica de la discrecionalidad en los nombramientos y limitación de los puestos de confianza política, que los populares se comprometen a mantener en el futuro.

Entre las principales innovaciones figura la designación obligatoria de todos los altos cargos, desde subsecretario para abajo, entre funcionarios de carrera "de nivel superior". Esta medida afectaría a directores generales y gobernadores civiles.

La proposición de ley, asimismo, establece límites en el número de puestos de confianza política. Los ministros podrían contar con un jefe de gabinete con rango de director general y un máximo de siete asesores; los secretarios de Estado, con un jefe de gabinete con rango de subdirector y un máximo de tres asesores, y los delegados del Gobierno en comunidades autónomas, un máximo de tres asesores.

Los populares quieren también prohibir -los contratos blindados o las cláusulas indemnizatorias en las Administraciones públicas, contra las que han librado en el último año una insistente batalla parlamentaria. La proposición de ley fija el plazo de un año para la cancelación de los que estén en vigor.

Menos altos cargos

El texto fija la incompatibilidad de los altos cargos con puestos en los órganos de gobierno y administración de empresas nacionales o sociedades estatales. También autoriza al Gobierno para marcar un plazo de incompatibilidad de altos cargos cesantes con empresas privadas de sectores relaciona dos con su actividad política anterior.La iniciativa fue presentada ayer junto con un cálculo de posible reducción de altos cargos, otro viejo caballo de batalla de los populares en los últimos años. Según el diputado Manuel Núñez, autor de estos cálculos, es posible reducir el número de altos cargos de los 7.694 actuales a 2.331.

Esta medida se traduciría, según el Grupo Popular, en un ahorro anual de 78.977 millones de pesetas. El plan consiste, por ejemplo, en reducir las 17 secretarías de Estado a nueve, las 68 subsecretarías y secretarías generales a 39, y las 404 direcciones generales a 258.

La reducción se produce en similar proporción en escalones como los subdirectores generales y adjuntos (de 1.685 a 865 y de 1.082 a 64.0, respectivamente), consejeros, técnicos -y asimilados (de 3.636 a 640) y asesores (de 802 a 200).