Mandos de la Guardia Civil son socios de uno de los mayores contratistas del cuerpo

Varios mandos y oficiales de la Guardia Civil son socios de la cooperativa inmobiliaria Vialar, cuyo vocal es Antonio García Fernández, alcalde de Colmenar de Oreja (Madrid), del PP, y destacado contratista con el instituto armado durante la etapa de Luis Roldán. García Femández, quien ya ha comparecido ante la comisión Roldán, fundó además la empresa inmobiliaria Rusolis, SL, con dos jefes del instituto armado. El director de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, que conoce estas irregularidades desde hace semanas, ha amenazado con sancionar a los afectados si el caso tiene trascendencia pública.

Antonio García Fernández es un viejo conocido de la comisión Roldán. Por medio de su empresa Diafer, ha sido uno de los mayores beneficiar los de contratos adjudicados a dedo por la Dirección General de la Guardia Civil en la etapa de Roldán.Un informe del interventor delegado de Hacienda en Interior resalta la "extrema preocupación que produce el hecho de que a la empresa Diafer se le hayan tramitado y adjudicado durante el presente periodo trimestral [de abril a junio de 1991] seis expedientes de obra, en los que, si bien se cumple de modo formal la exigencia de concurrencia de obras, queda de manifiesto que ésta se elude, ya que en todos los casos los presupuestos U Ofertas de la citada empresa se han comparado siempre con los de otros dos empresarios, siempre los mismos".

En ese periodo, Diafer realizó obras en Valdemoro, Madrid y en la propia Dirección de la Guardia Civil. En total, sumó casi 2.400 millones de pesetas en contratos del instituto armado.

EL PAÍS, al investigar otras actividades de dicho alcalde, halló una nueva empresa inmobiliaria participada por él: Rusólis, SL. Uno de los tres socios de la firma indicaba como domicilio una dirección de Madrid: Guzmán el Bueno, 110, la sede de la Dirección General de la. Guardia Civil.

Se trata de Pedro Blanco Naveros, teniente coronel destinado en la secretaría técnica de la dirección, sección de personal. El tercer socio era el teniente coronel Cándido Cardiel Ojer, destinado en la misma secretaría, sección de operaciones. Éste último cedió sus acciones a Blanco Naveros años atrás, según un documento notarial nunca reflejado en el Registro Mercantil.

Pero hay más mandos del instituto armado relacionados con los negocios de Papá Noel, apelativo que recibía Fernández García por los regalos navideños que repartía en la dirección de la Guardia Civil.

El alcalde de Colmenar forma parte del consejo directivo de la sociedad cooperativa inmobiliaria Vialar, que no sólo comparte sede con Rusolis en Madrid -Batalla del Salado, 39-, sino la participación, como director, del teniente coronel Pedro Blanco Naveros. Su superior imnediato, el coronel Antonio Ramírez González, es el presidente de la cooperativa. El tesorero es el comandante Tomás Navarro Oliver, de la comandancia de Madrid (exterior).

El primer vocal es el propio Papá Noel, el segundo es un comandante relacionado con la construcción, al estar destinado en el servicio de acuartelamiento: Félix Rubio Macein. El listado de socios ronda los 40, según fuentes de la cooperativa. Todos ellos son guardias civiles, y en su mayoría son jefes -incluidos generales y coroneles- y oficiales. Vialar proyecta construir chalés adosados en Aravaca y Tres Cantos, según un directivo.

El director de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, declaraba recientemente en una entrevista a este diario: "Los servicios internos tienen que ser muy rigurosos y capaces de detectar cualquier irregularidad. Es necesario que sea el propio cuerpo quien primero detecte las irregularidades. Voy a potenciar la unidad de asuntos internos para ser capaces de hacer la limpieza nosotros mismos antes de que otros descubran nuestros errores".

Sin embargo, el director general de la Guardia Civil conoce desde hace semanas estas irregularidades. A los mandos implicados les ha anunciado sanciones fulminantes si estos hechos salen a la luz pública.

Cardenal es considerado en Interior como el principal responsable político de la fuga de Roldán, en la medida que los escoltas de éste dependían directamente de su secretaría de despacho y él no tomó ninguna medida preventiva cuando los agentes informaron que habían dejado de custodiar a su ex director.

Información elaborada por Francisco Mercado y Carlos Yárnoz.