El Gobierno mantiene diferencias internas sobre telecomunicaciones

Las discrepancias que mantienen los ministerios de Economía y Hacienda por una parte y Obras Públicas y Transportes por otra han provocado incertidumbre respecto a la toma de decisiones sobre los grandes temas del anunciado Plan de Telecomunicaciones, como la televisión por cable, la televisión local y la reestructuración de tarifas telefónicas. Ante la falta de acuerdo, el departamento de Obras Públicas, que dirige José Borrell, ha optado por elevar al Consejo de Ministros su propio plan estratégico.

El documento que Obras Públicas pretende ver aprobado por el Gobierno contiene el conjunto de decisiones que deben desembocar en la liberalización de este sector -hasta ahora monopolizado prácticamente por la Compañía Telefónica- en los próximos cuatro años, de acuerdo con los mandatos comunitarios."Ya hemos dicho qué es lo que debe hacerse en cada uno de los sectores de telecomunicaciones", señala la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado. "Ahora el Consejo de Ministros tiene la palabra e incluso puede acordar otra cosa", añade.

Las diferencias que han trascendido entre los dos ministerios se refieren no sólo al papel que debe desempeñar Telefónica en el nuevo escenario -más preponderante para Obras Públicas, mientras que Economía cree que la compañía debe comportarse como un competidor más-, sino también al futuro órgano regulador del sector.

Mientras que Obras Públicas quiere que éste resida en la dirección general de Telecomunicaciones, Economía defiende que sea un órgano independiente de la Administración, algo similar a como funciona la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tampoco hay acuerdo en la televisión por cable: Obras Públicas concede a Telefónica el privilegio de estar presente en todas las demarcaciones, compitiendo con un segundo operador elegido por concurso. Pero Economía no quiere que Telefónica tenga tanto protagonismo.

Además, Economía es partidario de que exista un sólo operador para que pueda amortizar las inversiones. También se opone el departamento de Pedro Solbes a la existencia de operadores sin red propia, como se contempla en el proyecto de Borrell.

Como consecuencia de la falta de acuerdo se produce también un desencuentro en relación con las tarifas telefónicas, que en buena medida dependen de, cómo se cierren los temas anteriores.

Ordóñez: más deprisa

Por su parte, el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se pregunta: "¿Por qué tenemos que esperar cuatro año para liberalizar lo que otros hicieron hace 10 años?". Fernández Ordóñez admite, no obstante, que se ha avanzado mucho desde que el año pasado el tribunal publicara las medidas de liberalización convenientes.Del retraso sólo parece salvarse, de momento, la telefonía móvil automática: la licencia prevista para el sector privado será concedida antes de fin de año (véase EL PAÍS de ayer).

Oficialmente, tanto Obras Públicas como Economía quitan hierro a las discrepancias. "Si existen desacuerdos, éstos son mínimos", señala Elena Salgado, quien añade que no han recibido ninguna propuesta alternativa de Economía.

"No existen enfrentamientos", asegura una fuente autorizada del Ministerio de Economía. "Simplemenete son puntos de vista diferentes en temas cruciales en los que no podemos equivocarnos". La misma fuente de Economía asegura que este departamento "sí ha enviado las aportaciones correspondientes".