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La Audiencia de Barcelona ordena investigar las autopsias del Instituto Anatómico Forense

Empleados judiciales denuncian un trasvase irregular de cadáveres

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar presuntas irregularidades en las autopsias del Instituto Anatómico Forense de Barcelona. En concreto, el juez debe investigar si se ha efectuado un trasvase de fallecidos por muerte natural, en el hospital Clínico, hacia el citado instituto como si se tratase de casos judiciales, cuando no lo eran. La actuación judicial es consecuencia de una demanda presentada por tres funcionarios judiciales del propio instituto, después de que algunas familias denunciaran ante el juzgado de guardia la práctica de autopsias no reglamentarias.

El hospital Clínico y el Instituto Anatómico Forense comparten las cámaras mortuorias de conservación de cadáveres. Si el cadáver corresponde a un fallecido de muerte natural, no pasa al instituto y la familia puede disponer de él. Pero si se considera un caso judicial -porque la muerte se ha producido por un traumatismo, suicidio, agresión, accidente, etcétera-, el cadáver queda bajo la la tutela del instituto para practicar la autopsia. Pero además de la autopsia reglamentaria, que se realiza con cargo al Ministerio de Justicia, los cadáveres pueden ser sometidos a diversas actuaciones.Se da la circunstancia de que los 31 médicos forenses del instituto tienen constituida una sociedad que, a título privado, realiza trabajos de conservación y embalsamamiento de los cadáveres en las dependencias del instituto, que es un organismo del Ministerio de Justicia, y a precios que doblan los que: aplica, por ejemplo, la funeraria municipal.

Las actuaciones sobre el cadáver dependen del tipo de muerte, del tiempo transcurrido desde el fallecimiento y de si el fallecido debe ser trasladado o no. En este caso, la normativa. exige que los cadáveres sean conservados, y estas operaciones deben ser abonadas por la familia. El instituto cobra cantidades que oscilan entre las 30.000 y las 85.000 pesetas por estas conservaciones.

Tres funcionarios judiciales denunciaron hace dos años ante el Ministerio de Justicia las presuntas irregularidades, que fueron comunicadas al Tribunal Superior de Cataluña.

Para que un cadáver sea calificado de caso judicial y sometido a autopsia se requiere un certificado médico del facultativo que ha atendido al fallecido, en el que debe figurar la causa de la muerte. Se consideran judiciales las muertes por traumatismo, suicidio, accidente, etcétera. Este certificado médico es remitido al juzgado de guardia, que ordena la práctica de la autopsia.

La investigación judicial deberá determinar ahora cómo es posible que pacientes fallecidos por muerte natural en el hospital Clínico hayan sido presentados ante el juzgado como casos judiciales. El instituto realiza autopsias de pacientes procedentes de todos los hospitales, pero únicamente entre los del Clínico hay casos, según los denunciantes, de fallecidos por neumonía, derrame cerebral o complicaciones postoperatorias y por fractura de fémur.

Este es el caso de una anciana, A. M. M., que murió el 20 de noviembre de 1992. Cuando la familia fue a recoger el cadáver, se encontró con que estaba pendiente de autopsia. Al oponerse a ella, el instituto le presentó una orden del Juzgado de Instrucción número 16.

La investigación permitió averiguar que a dicho juzgado había llegado un oficio del Clínico -con el número 9094 bis- donde se certificaba que la anciana había fallecido "por sobreinfección respiratoria-politraumatismo múltiple", cuando la anciana había ingresado por obstrucción pulmonar y el facultativo que la había atendido indicaba en el certificado de defunción que había muerto por "insuficiencia respiratoria".

Caros servicios

La Fiscalía del Tribunal Superior d e Justicia de Cataluña llamó a declarar en junio de 1993 al entonces director del Instituto Anatómico Forense, Gabriel Font Riera. Éste reconoció que los 31 médicos del instituto perciben por cada embalsamamiento 85.000 pesetas y 30.000 por cada conservación temporal, cuando la funeraria municipal de Barcelona cobra por los mismos servicios 37.735 y 13.080 pesetas.Asimismo, los mozos del instituto cobran por cada taponamiento 5.000 pesetas, y la funeraria cobra 1.570. El director reconoció que el instituto cobra 10.000 pesetas por la preparación del cadáver para la cremación, cuando esta operación consiste únicamente en pasarlo por un detector de metales para averiguar si lleva prótesis, intervención absolutamente inútil puesto que el propio crematorio dispone de los medios para recuperar las prótesis. Font Riera reconoció que no contaba con autorización del Ministerio de Justicia para efectuar estas actividades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de mayo de 1994

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