El Gobierno crea una unidad especial contra la corrupción y el fraude

El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de una unidad especial contra la corrupción y el fraude. El objetivo de esta unidad especial, que coordinará todos los ministerios bajo el control del titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, es la investigación y el ejercicio de las acciones penales en nombre del Estado en los supuestos de fraude y corrupción. La pretensión de esta medida es aumentar la eficacia en la lucha contra la corrupción, manifestó el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, al finalizar el Consejo de Ministros.Con la aprobación de este real decreto, el Gobierno cumple uno de los compromisos contraídos por el presidente del Ejecutivo, Felipe González, en el debate sobre el estado de la nación del pasado 20 de abril. La medida se une a otra decisión adoptada en el Consejo de Ministros del viernes de la pasada semana por la que las comisiones de investigación podrán disponer de las declaraciones de renta y patrimonio de los investigados.

Hasta ahora, cada ministerio disponía de su abogacía, y era la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la encargada de la investigación cotidiana. La unidad especial, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, pretende aumentar la eficacia de la investigación con su reforzamiento al poder ejercer directamente las acciones en nombre del Estado. Asimismo, podrá instar la actividad de todas las unidades del servicio jurídico, cuyos componentes pasarán a depender funcionalmente de la unidad especial en los casos de fraude y corrupción.

Tres abogados del Estado

La unidad especial estará integrada por tres abogados del Estado designados por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, a propuesta del director general del Servicio Jurídico del Estado, que actuará bajo la superior dependencia del ministro de Justicia y la inmediata del director general del Servicio Jurídico del Estado.

Según el texto del decreto ley aprobado ayer, la unidad especial tiene competencia en todo el territorio nacional y su misión es coordinar, controlar y, en su caso, ejercer directamente en nombre del Estado las acciones legales pertinentes en todas las jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales contra el fraude y la corrupción.

El decreto ley insta, asimismo, al ministro de Economía y Hacienda a que realice las modificaciones presupuestarias precisas para dotar a la unidad especial de cuantos medios materiales sean necesarios para el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas. En estos medios estarán incluidos los que permiten el tratamiento informatizado de los datos que se conozcan para ejercer las acciones judiciales.