Los abogados de Rubio y De la Concha hablan de "trato discriminatorio"

"Cuantificar el hipotético delito fiscal de Mariano Rubio en 6,16 millones de pesetas", señala su abogado defensor, Gonzalo Rodríguez Mourullo, "y proceder a dictar orden de detención contra él supone un trato díscriminatorio"; "la fiscalía ha actuado irregularmente, rayando en la prevaricación", decía Miguel Bajo, abogado defensor de Manuel de la Concha.

"La decisión de presentar ante el juez una denuncia contra Mariano Rubio y Manuel de la Concha ha sido precipitada", señalan en fuentes cercanas al resto de las líneas de investigación que se venían desarrollando hasta ahora por presunto delito fiscal y falsedad de documento público y que se verán paralizadas a partir de ahora hasta que el juez no desarrolle las suyas propias.La preocupación por el buen fin de las investigaciones iniciadas a raíz del descubrimiento de que Mariano Rubio -ex gobernador del Banco de España- pudo tener en el despacho de agente de cambio y bolsa de Manuel de la Concha una cuenta especial de dinero no declarado a Hacienda, no ha hecho sino aumentar tras la detención de ambos y las aclaraciones del ministerio fiscal sobre el volumen de fraude fiscal presuntamente puesto al descubierto.

La presentación de las querellas paraliza las investigaciones que se desarrollaban en torno al entramado de sociedades instrumentales que aparecían en la contabilidad interna del despacho de Manuel de la Concha. Esto ha provocado tensiones en la Administración, porque la Agencia Tributaria había cursado órdenes de no trasladar a los fiscales los casos de infracción inferior a 15 millones de pesetas ya que existe el compromiso político de elevar hasta esa cifra el mínimo para que el no pago a Hacienda se considere delito.

De hecho, se recuerda que Hacienda tuvo mucho cuidado la semana pasada cuando remitió a la justicia el primer expediente por presunto delito fiscal de Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, en señalar que la deuda tributaria estimada para la renta de 1988 "era de 20 millones de pesetas, que supera el mínimo actual y el que se va a poner en un futuro inmediato".

Los fiscales han actuado dentro de la legalidad actual, se señala en otros círculos de la Administración, pero sabiendo que en un plazo corto ésta se va a modificar. Este argumento es el primero que utilizan los abogados defensores de Rubio y De la Concha.

"Por un presunto delito fiscal de algo más de seis millones de pesetas nadie es detenido y mucho menos cuando hay instrucciones de la Agencia Tributaria para que se paralicen los expedientes por delito fiscal de menos de 15 millones", dice Miguel Bajo, quien añade que se ha producido una "irregularidad rayana en la prevaricación por parte de la fiscalía al haber ordenado la detención sin que el procedimiento estuviera terminado".

Rodríguez Mourullo habla de trato discriminatorio para con su cliente al "haberse dictado prisión incondicional sin fianza por un presunto delito fiscal de apenas seis millones de pesetas", y destaca que respecto al otro delito imputado a Rubio y De la Concha, falsedad de documento público en grado de cooperación necesaria para el primero y de autor para el segundo ' "no se han aportado documentos originales que sustenten la acusación". El abogado de Rubio, que hoy tiene previsto recurrir la orden de prisión, dice que se enseñaron "fotocopias de cuatro pólizas de compraventa de acciones y de lo aparecido en los periódicos" desde hace un mes. Miguel Bajo añade a eso último que "además, las pruebas fueron obtenidas ilícitamente y que pueden haber sido manipuladas".