Rubio, Preysler y Boyer, inculpados por el 'caso Ibercorp'

La juez de instrucción número 21 de Madrid, María Paz Redondo, dio ayer por concluida la investigación sobre el caso Ibercorp y dictó un auto por el que se incoa procedimiento abreviado contra Mariano Rubio, Manuel de la Concha y los clientes privilegiados del banco del que era vicepresidente el ex-síndico de la Bolsa de Madrid, entre los que se encuentran el ex ministro Miguel Boyer y su mujer, Isabel Preysler.El auto supone que la juez ha hallado indicios de delito castigado con penas de hasta 12 años de prisión en la conducta de alguno de los 17 querellados, entre los que se encuentran, además de los citados, Carmen Posadas, esposa de Mariano Rubio; la hermana del ex gobernador del Banco de España, Teresa Rubio Jiménez, y su marido, Laurent Atthalin; Jaime Soto, ex presidente de Ibercorp, Benito Tamayo y el ex ministro de UCD Juan Antonio García Díez.

La juez acuerda dar traslado de las actuaciones al fiscal y al resto de las partes para que, en un plazo de dos meses, formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento. También podrán pedir, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que estimen indispensables para formular acusación, "por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos".

Trato de favorLa detención y posterior ingreso en prisión de Mariano Rubio y Manuel de la Concha son hechos independientes del denominado caso Ibercorp, aunque indirectamente están relacionados con él.

Los hechos pueden constituir delitos de estafa, apropiación indebida, cohecho, falsedad, violación de secretos oficiales, maquinación para alterar el precio de las cosas y uso indebido de información privilegiada.

En Ibercorp se investigaba el trato de favor recibido por algunos de los clientes del grupo, destacados miembros de la llamada beautiful people, entre ellos el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el ex ministro de Economía Miguel Boyer, y sus respectivas esposas, Carmen Posadas e Isabel Preysler. De la Concha y sus socios Jaime Soto y Benito Tamayo adquirieron para sus clientes una pequeña compañía de muebles de oficina llamada Sistemas AF que, tras la obtención de importantísimas plusvalías al cotizar sus acciones en la bolsa, se vino abajo con el crash bursátil. De la Concha, al disponer de información privilegiada, vendió sus acciones y las de sus clientes más importantes, evitando las pérdidas y dejando que el resto de los accionistas afrontase el hundimiento de la compañía.

Por estos hechos se interpusieron inicialmente tres querellas que correspondieron a otros tantos juzgados de Madrid. Finalmente, las acciones penales se acumularon en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid. La juez encargada del asunto, María Paz Redondo, tomó declaración a los implicados y acordó la libertad con fianza de los responsables de Ibercorp, De la Concha, Soto y Tamayo, y la libertad sin fianza de los demás.

A raíz de la publicación en la prensa hace un mes de la ocultación de las cuentas con dinero negro por Mariano Rubio y De la Concha, los acusadores habituales en casos contra el Gobierno, el PSOE o miembros de la beautiful people -José María Ruiz Mateos y Christian Jiménez- interpusieron sendas querellas que correspondieron por reparto a los juzgados 6 y 8 de instrucción de Madrid. Estos acusadores han pretendido que las nuevas acciones se acumulen al caso Ibercorp, si bien los fiscales han defendido que se trata de hechos diferentes.

Por otra parte, el director general del Tesoro, Manuel Conthe, afirmó ayer que el ministro de Economía, Pedro Solbes, firmará en las próximas horas una resolución por la que se aparta a Manuel de la Concha de su puesto de corredor de comercio por Madrid.