El fiscal del Estado rechaza que la detención de Rubio tenga relación con la situación política

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, rechazó ayer enfáticamente que la detención y encarcelamiento de Mariano Rubio y Manuel de la Concha estén relacionadas con las renuncias y dimisiones de altos, cargos involucrados en casos de corrupción. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, afirmó en la misma rueda de prensa que la fiscalía no puede ser insensible al "clamor social" contra Rubio y De la Concha, cuyas detencionesjustificó por la gravedad de los delitos que se les imputan -falsedades documentales "masivas" y un delito fiscal de poco más de seis millones-, y el peligro de fuga que se derivaría del hecho de que De la Concha tuviera billetes de avión para Ibiza.

Hernández negó que la detenciones de Rubio y de la Concha se decidiesen al hilo de la dimisión del ministro de Agricultura, Vicente Albero, y de los diputados Carlos Solchaga y José Luis Corcuera, y dijo que la decisión se adoptó "muchas horas antes de que el ministro ratificase su decisión".Según el fiscal de Madrid, la detención vino determinada "por la propia dinámica de elaboración de la querella". Las detenciones se practicaron entre las ocho y media y las nueve de la noche, cuando las renuncias de los altos cargos eran sobradamente conocidas.

Sin embargo, Eligio Hernández proclamó que cualquier intento de relacionar la orden de detención y la presentaci5n de la querella "con acontecimientos políticos colaterales, son intentos destinados a marchitar el prestigio de esta institución".

El fiscal general rechazó tanto las acusaciones de instrumentalización de la justicia como las "supuestas pasividades" que se le han imputado en la investigación de otros casos de corrupción, y aseguró que el caso Rubio ".ha sido tratado exactamente igual que otros en que ha intervenido el ministerio fiscal". "Cualquier conclusión de que ha habido distinta vara de medir es absolutamente falsa, yo la rechazo categóricamente, y, además, es indemostrable", aseguró elevando la voz.

"Cuando los hechos no se esclarecen con la prontitud con que se ha hecho en esta ocasión" prosiguió, "es porque jurídica y procesalmente no es posible. No cabe por lo tanto atribuir al ministerio fiscal o al fiscal del Estado supuestas pasividades o supuesta falta de energía o de voluntad en el cumplimiento de su inisión", remachó.

El fiscal general repartió felicitaciones para el fiscal jefe de Madrid y para los fiscales especiales Luis Jordana de Pozas y Josefa Checa, cuya labor encomiable", "enorme esfuerzo" y "rigor profesional" ponderó en sucesivas ocasiones. En otro momento puso como ejemplo la investigación del caso Rubio para reclamar que los fiscales lleven la instrucción de los procesos "con mayor celeridad y eficacia".

Querella con discreción

El fiscal de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, dijo que la la querella se presentó "con toda discreción" cuando la fiscalía decidió proceder a las detenciones. Explicó que se les detuvo porque "era imprescindible asegurar su presencia ante el juez, dado que la querella contenía una petición de prisión incondicional".

Preguntado en cuántas ocasiones la fiscalía ha ordenado directamente la detención de ciudadanos en el último año, el fiscal de Madrid indicó que de los 300.000 casos penales que se investigan al año en Madrid, no llegan a 300 los que la fiscalía lleva directamente, y que este año se ha ordenado la detención "en no menos de ocho o diez ocasiones".

Se excusó por no dar demasiados datos de la querella al haber pedido al juez la declaración del secreto de las actuaciones, pero indicó que el fraude de Rubio presentaba la suficiente magnitud para plantear la existencia de un delito fiscal de unos siete millones de pesetas en 1988.

El mecanismo de ocultación del dinero se produjo "a través de actuaciones muy graves del fedatario público señor De la Concha en connivencia con su cliente". Ese tipo de falsedad, según el fiscal, está considerada muy grave en el Código Penal y podría llevar a imponer penas de hasta 20 años de cárcel.

En esas condiciones, según Fernández Bermejo, era necesario "plantearse una acción contundente". "No olvidemos que el ministerio fiscal, como enlace entre la sociedad y las administraciones, sobre todo la de Justicia, no debe quedar insensible a lo que puede ser en un momento dado un clamor popular", afirmó.

Consideró después que el hecho de que los detenidos estuvieran presos en Carabanchel (Madrid) por orden del juez de guardia "no viene sino a darnos la razón acerca de la gravedad del intento". Explicó que han solicitado el embargo de sus bienes para intentar que Hacienda se resarza de un importe próximo a los 35 o 40 millones por responsabilidades civiles.