Mendaille, por fin

EN LA estela de su actitud obstruccionista a la investigación sobre los crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el Gobierno se opuso en su día a la extradición a Francia del presunto miembro de esta banda Georges Mendaille. ¿Qué ha sucedido para que el Consejo de Ministros del pasado día 8 de abril se decidiera a conceder, a instancias del ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, lo que obstinada mente denegó una y otra vez a lo largo de 1990? En principio, dos cosas importantes a la hora de explicar este cambio de actitud: el paso del tiempo y la definitiva conclusión judicial del caso Amedo. Pero ambas no habrían bastado por sí solas para propiciar la rectificación del Gobierno en este asunto sin la concurrencia de una tercera: la determinación del ministro Belloch de levantar las trabas puestas a la justicia por sus predecesores y de no coadyuvar a la impunidad de un presunto terrorista al amparo de la llamada razón de Estado.

El ingreso en prisión de Georges Mendaille supone, pues, el primer paso en el cumplimiento de lo que la Audiencia Nacional acordó a principios de 1990: la extradición a Francia de este presunto reclutador de mercenarios de los GAL acusado de asesinato. El próximo no debería ser otro que su entrega a las autoridades francesas. Es la única forma de enmendar actitudes políticas tan descabelladas como las de propiciar que un presunto terrorista quede libre, al tiempo que se impide su entrega al Estado que lo reclama de acuerdo con lo establecido en los tratados de extradición y los convenios de cooperación contra el terrorismo. Y más cuando se trata del Estado cuya colaboración necesita España para acabar con el terrorismo.