El catálogo de prestaciones sanitarias se convierte en un libro de consulta para usuarios

El anunciado catálogo de prestaciones sanitarias básicas ya está listo para ser aprobado por el Gobierno por decreto, una vez informados ayer los consejeros autonómicos. El texto final, con el que se pretende racionalizar el sistema, es un listado de las ya existentes, incluidos algunos programas preventivos, que se convertirá en un libro de bolsillo destinado a los ciudadanos. Ángeles Amador valoró que esta iniciativa "ordena las prestaciones" mientras, al menos, el consejero de Salud de Castilla y León distribuyó un documento en el que opinaba justo lo contrario.

Ángeles Amador expresó su satisfacción por el catálogo de prestaciones presentado al Consejo Interterritorial de Sanidad (integrado por todos los consejeros autonómicos). Su valoración es que "ordena las prestaciones, las garantiza, facilita el conocimiento de los ciudadanos y permite la equidad en el acceso". A la reunión asistió el ministro de Defensa, Julián García Vargas para informar sobre la integración de los hospitales militares en la red civil.El documento es un listado de las prestaciones básicas que tendrán garantizados todos los ciudadanos, aunque posteriormente las comunidades autónomas con competencias puedan ampliarlas por su cuenta. En él se incluyen todas las ya existentes, y también aspectos preventivos de salud mental, bucodental y atención al embarazo que hoy, según la ministra, no estaban generalizados en todo el territorio.

Previa evaluación

La sanidad pública no se hará cargo y, por tanto, se excluyen' expresamente del catálogo, algunas prestaciones que hoy eran, facultativas de cada médico y que se indican en el recuadro adjunto. Ángeles Amador aseguró que la inclusión de futuras prestaciones en el sistema se efectuará sin problemas, "previa evaluación de la eficacia, la eficiencia y la seguridad". Para el sindicato UGT, esta circunstancia no queda clara en el texto del catálogo y considera de escasa utilidad el trabajo realizado. "El catálogo devalúa el contenido y objetivo últirno", que era racionalizar las prestaciones, afirma.En esto coincide con las críticas por escrito entregadas a los periodistas por el consejero de Castilla-León, José Manuel Fernández, del Partido Popular, y de las que la ministra dijo no haber sido informada durante la reunión de ayer. "El proyecto no ordena las prestaciones del sistema" critica el consejero. "Se limita a su descripción. No se establecen las formas de acceso a las mismas en caso de insuficiencia de recursos, ni criterios de utilización en ámbitos territoriales distintos a los establecidos".

El proyecto de elaboración de un catálogo de prestaciones de la sanidad pública se presentó a primeros de octubre de 1993 como una necesidad urgente de racionalizar el sistema, de eliminar "adheridos", en palabras de la ministra de Sanidad, apenas dos meses después de haber tomado posesión. En su presentación el subsecretario José Conde dijo: "La indefinición actual ha dado lugar a desigualdades. Ha permitido en algún caso de eficacia clínica no probada o utilidad social marginal, así como de otras que no tienen carácter sanitario".

Estos deseos provocaron diferentes expectativas sobre una profunda restructuración de las prestaciones sanitarias, y en algunos casos, temor a perder parte de las existentes. Finalmente el catálogo ha quedado limitado a definir lo que ya había y a generalizar programas preventivos que solo se hacen en determinadas comunidades autónomas. "Si tuviera que definir de alguna manera el catálogo, es que tiene un efecto de ampliación sobre lo que hoy se está dando", indicó Amador.

La Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública (FADPS) ha valorado la utilidad del catálogo en los mismos términos del ministerio. "Consolida las prestaciones que da actualmente el Sistema Nacional de Salud", aunque estiman que "faltan por desarrollar mecanismos concretos para incorporar nuevas prestaciones".

No todos los sectores profesionales consultados ven la misma utilidad en la iniciativa de definir por escrito las prestaciones del sistema sanitario público, en un país de cobertura universal y con una constitución que garantiza el derecho a la salud. Y las necesidades sanitarias del ciudadano son cada vez mayores y cambiantes, como lo demuestra la creciente demanda asistencial derivada del aumento de la calidad y de la esperanza de vida, lo que exigiría una revisión casi permanente del catálogo.

El Consejo Interterritorial también fue informado ayer del decreto que limitará la gratuidad de medicamentos solo a los pensionistas jubilados. Por tanto quedaran fuera aquellas personas, que aunque reciben alguna pensión se encuentren en situación laboral activa, como el caso de viudas trabajadoras.