Medidas en cascada

SI LOS casos Roldán y Rubio sirven para que los socialistas abandonen su estrategia obstruccionista frente a la corrupción, a la que tozudamente se han aferrado estos años, algo se habrá avanzado. Aunque no es seguro que esta rectificación, por lo tardía y obligada, baste para reforzar su credibilidad política, es posible que los corruptos lo tengan más dificil a, partir de ahora.Buen número de las 230 resoluciones propuestas ayer por los grupos parlamentarios al término del debate sobre el estado de la nación fueron relativas a la lucha contra la corrupción. Era lo obligado y esperado tras la alarma social creada por los últimos escándalos. Para que estas medidas no sean un brindis al sol, como ha ocurrido con otras en el pasado, tienen que ir acompañadas de la voluntad firme de aplicarlas de inmediato, principalmente por el Gobierno.

De entrada, la abundancia de medidas no garantiza gran cosa por sí sola. Sobre todo, cuando algunos de los proponentes han contribuido a desvirtuar las dos o tres normas realmente básicas en la lucha contra la corrupción institucional y política: el normal funcionamiento de los mecanismos de control internos (Intervención General del Estado) y externos (Tribunal de Cuentas y comisiones de investigación parlamentarias) y la debida y pronta colaboración con la justicia. Las medidas contra la corrupción, como contra cualquier otra lacra social, mejor pocas y eficaces. Y, sobre todo, voluntad de cumplirlas.

De las medidas propuestas y aprobadas ayer algunas son novedosas. La ampliación de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del Tribunal de Cuentas (extensión de sus competencias al sector privado) es una de ellas, aunque fue anunciada en el paquete sobre el impulso democrático del Gobierno. Su falta se ha hecho sentir sobre todo en la investigación del caso Filesa y, en general, en todo lo relacionado con la financiación ¡legal de los partidos políticos. También constituyen una novedad en nuestro ordenamiento la propuesta de Convergència i Unió para que determinados altos cargos se sometan al examen previo del Parlamento antes de ser nombrados por el Ejecutivo o las que avanzan fórmulas de control sobre los fondos reservados.

Pero la mayoría, o son redundantes o voluntaristas. Ejemplo de redundancia: la creación de un grupo específico en el seno del Servicio Jurídico del Estado encargado de personarse en los procesos por corrupción en defensa de los intereses patrimoniales públicos. ¿Qué impide que el Servicio Jurídico del Estado ejerza esa tarea? También resulta redundante la creación de una fiscalía especial anticorrupción, que además puede resultar ineficaz si el fiscal general del Estado decide mirar para otro lado. Voluntaristas son todas aquellas medidas tendentes a establecer un procedimiento judicial rápido en los asuntos de corrupción. Lo mismo sucede con las comisiones de investigación parlamentarias. Está muy bien que se las dote de mayor capacidad para obtener información del Gobierno, pero su creación no debería estar rígidamente sometida a la ley de las mayorías.

La discusión sobre la comisión de investigación del caso Filesa, propuesta por el PP, reveló las contradicciones del partido del Gobierno, pero también del primero de la oposición. El PSOE planteó convertirla en una comisión de estudio sobre la financiación de los partidos -de todos-, y aceptó una propuesta de Roca para que ese estudio comprendiera expresamente casos como el de Naseiro y el de Filesa. Al hacerlo reincidió el PSOE en la estrategia del y tú más que en su día rechazó, y que resulta especialmente arriesgada cuando se alienta desde el Gobierno, responsable último de evitar cualquier práctica irregular en ese terreno, al margen de cuál sea el partido afectado.

Pero resultó patente la hipocresía del portavoz popular cuando alegó que sólo el PSOE está bajo sospecha en materia de tramas ¡legales de financiación, y que en todo caso nadie ha planteado acusaciones en ese terreno contra su partido. Si de lo que se trata es precisamente de acabar con el cinismo que ha presidido la actitud de los socialistas respecto a las evidencias de Filesa, no es posible que el PP haga como que no sabe que fueron defectos formales en la incoación del proceso los que motivaron el sobreseimiento del caso Naseiro.