Los socialistas se escudan en medidas radicales

El Gobierno y el PSOE aprobaron ayer medidas radicales contra la corrupción para intentar eludir responsabilidades políticas y los consiguientes ceses. Los socialistas avalaron resoluciones como el control parlamentario de los fondos reservados, la creación de la figura del arrepentido en casos de corrupción, la posibilidad de que la comisión del Estatuto del Diputado tenga competencias para investigar de oficio, la eliminación de obstáculos para las comisiones de investigación y la creación de una oficina de seguimiento presupuestario. Incluso abrieron la vía para que se analice el endeudamiento de los partidos con representación parlamentaria desde 1979, caso Filesa incluido.La resolución que daba luz verde a esta investigación se aprobó por 329 votos a favor y seis en contra. Algunas iniciativas habían sido infructuosamente reclamadas por la oposición en el pasado. IU y el PP, no obstante, las hallaron insuficientes.

Los populares volvieron ayer a la carga, intentando rematar las acusaciones de corrupción lanzadas contra Felipe González. Era la demostración de que la intervención de su líder, José María Aznar, había dejado insatisfechos a sus seguidores.El propio Aznar reiteró la petición de dimisión del presidente del Gobierno al llegar al Congreso: "En este momento él es un obstáculo para España, para el progreso y la esperanza de mejoría de los ciudadanos; la esperan za de que nuestro país se recupere pasa por que el señor González salga del Gobierno". "Comete un grave error al no presentar su dimisión, porque puede salir del Gobierno en condiciones todavía peores. Yo creo que los ciudadanos españoles se lo van a decir con toda claridad muy pronto", añadió Aznar en referencia a las próximas elecciones europeas y andaluzas.

Pero si el PP se limitó a reiterar su posición de la víspera, Izquierda Unida apretó las tuercas de los socialistas pidiendo a González la dimisión de alguno de sus colaboradores por responsabilidades políticas en los últimos escándalos, especialmente por el caso Mariano Rubio. "¿De quién es la responsabilidad política de la corrupción que sucede en este país? Haga posible que los responsables dimitan", dijo Rosa Aguilar, portavoz de IU.

Los interrogantes de Solchaga

El portavoz del grupo socialista reabrió al finalizar la jornada la hipótesis de la dimisión, una semana después de asegurar que continuaría en el cargo. "No me planteo dimitir, pero si llego a la conclusión de que procuro más daños que beneficios a mi partido, me iré con la misma sonrisa de alivio con que me fui del Ministerio de Economía. Quiero precisar que no sería una dimisión, sino una renuncia porque éste es un cargo interno", dijo en tono severo el ex ministro.

La presentación de las resoluciones, que en otras ocasiones se limitaba a una mera tramitación parlamentaria, se transformó ayer en un tenso debate, una especie de continuidad de la dura jornada de la víspera, protagonizado en esta ocasión por los dirigentes de segunda fila.

Rodrigo Rato, portavoz del PP, hizo un duro alegato contra la "negligencia" de los socialistas ante la corrupción. "Nunca se admitió una sola duda, una investigación". "La respuesta del Gobierno ha sido siempre la de acusar de difamación a quienes investigaban". "Ustedes nombraron a Mariano Rubio gobernador del Banco de España porque era amigo suyo". Rato adobó su intervención con referencias al caso Ibercorp y a los obstáculos que los socialistas pusieron, hace dos años, para investigar este escándalo en el que está implicado Manuel de la Concha, amigo del ex gobernador.

El portavoz del PP, que en todo momento personalizó sus ataques en González, le acusó de pretender generalizar las sospechas de corrupción por el caso Filesa a todos los partidos, a la vista de la propuesta socialista que impulsará la creación de una comisión que estudie la financiación y las deudas de todos los partidos desde 1979, y no sólo la del PSOE.

"¿Quién quiere transmitir una imagen de corrupción generalizada?". "Usted es el mayor obstáculo para el cambio que necesita nuestro país", terminó Rato, dirigiéndose a González.

Sus palabras encontraron la respuesta, igualmente dura, del primer secretario del grupo socialista, Jesús Caldera. En medio del griterío procedente de los escaños populares, Caldera esgrimió el informe Aznar, un dossier elaborado hace un año por los socialistas de Castilla y León en el que se muestran aspectos oscuros de la gestión del líder del PP durante su año y medio de presidencia en esa comunidad.

Caldera centró su réplica a las acusaciones del PP de que los socialistas abusaban del despilfarro y de la contratación directa. El portavoz socialista recordó a Aznar -que seguía su intervención desde el escaño- que desde 1987, etapa en que finalizó la presidencia socialista, a 1989, en que concluyó la gestión del presidente del Partido Popular, los gastos de presidencia pasaron de 156 millones de pesetas a 293.

También le recordó que durante año y medio Aznar sólo había dedicado 90 minutos a intervenir en el Parlamento autonómico. "¿Qué clase de ejercicio de control democrático es éste?", preguntó dirigiéndose a Aznar. A continuación, manifestó que los pagos de personal habían aumentado durante su etapa en 11.000 millones.

Doble rasero

Caldera no pudo continuar ante las sonoras protestas procedentes de los escaños populares. Pero esto no le impidió acusar al Partido Popular de carecer de legitimidad en la lucha contra la corrupción y de utilizar un doble rasero para medir las actuaciones de los demás partidos y las propias.

Frente a estos reproches mutuos, Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, negó legitimidad a socialistas y populares para abanderar la lucha contra la corrupción.

Felipe González y Narcís Serra lamentaron al finalizar el debate la "Falta de cortesía parlamentaria del PP". González señaló la contradicción en que acababa de incurrir el PP al oponerse en las Cortes de Castilla y León a la creación de una comisión de investigación sobre los indicios de delito por la utilización de una subvención de 600 millones por el Gobierno regional, controlado por los populares, a una empresa privada de Salamanca.