Momentos decisivos para la industria
Estamos asistiendo a situaciones de crisis en el aparato productivo industrial, con una contundencia ni siquiera alcanzada en los peores momentos de la reestructuración de los primeros años ochenta, que amenaza destruir una parte del tejido industrial regional.Las causas son múltiples y conocidas. La primera de ellas no es otra que la deficiencia estructural de nuestra industria, de carácter fundamentalmente finalista, sumamente vulnerable y concentrada en exceso en el abastecimiento del mercado regional. En segundo lugar debemos señalar la ausencia de políticas industriales activas durante la etapa de bonanza económica de finales de la década pasada por parte de los Gobiernos central y autonómico. En tercer lugar, la política monetarista y de enfriamiento económico que ha desplazado el centro de gravedad económico hacia las inversiones especulativas.
Lo que se está destruyendo no es tejido industrial maduro o en declive. Se trata de segmentos instalados en los sectores productivos de bienes de equipo, componentes de automoción, industria de telecomunicaciones y electrónica de alto valor añadido, y servicios a la producción de alta cualificación.
Todo ello coincidiendo con la aprobación de la reforma laboral en el Parlamento, una reforma que se nos presenta como el gran ungüento que, junto a mantener la inversión y el empleo, pretende ser el mejor captador de nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras. Y el problema es que los sindicatos teníamos razón: el creciente desempleo en España no es un problema de legislación laboral, sino de insuficiencias económicas e industriales. Una política, además, que sigue provocando desindustrialización y manos libres para las transnacionales.
Éstas, en el ciclo depresivo, ajustan el exceso de capacidad productiva instalada mediante la desinversión o el cierre puro y simple de sus centros de producción en España. Así sucedió con KIO y con Azko, cuya desaparición fulminante golpeó a la única empresa madrileña de importancia en el segmento de las fibras químicas, La Seda; y así sucede ahora con Suzuki y Volkswagen, Ebro-Kubota, Iveco, Mercedes y SKF en el sector de la automoción, en el que se pueden producir reducciones de capacidad productiva, con el consiguiente impacto, también en términos de empleo, en empresas auxiliares.
Así ha sucedido el pasado verano en el sector alimentario con el desplazamiento de la producción de Frigo a la factoría de Barcelona, consecuencia de la política de concentración productiva de Unilever tina vez dominado el mercado.
Así sucede idénticamente en el segmento de la electrónica aplicada a la medicina con la amenaza de cierre sobre General Electric y con los ajustes y desinversiones en el de la electrónica de consumo, en el que el grupo Amper (único grupo nacional sobreviviente, con mayoría accionarial de Telefónica y Teneo), cuya liquidación constituiría una auténtica vergüenza nacional, y Telyco, cuyos suministros se están sustituyendo por masivas importaciones del sureste asiático o por la producción sumergida. O con la desaparición productiva de Rank Xerox (cuyo principal cliente son las administraciones públicas), que se pretende deslocalizar a Francia, permaneciendo en nuestro país la actividad comercializadora.
En el segmento de los servicios aplicados y la ingeniería de sistemas y plantas está a puto de producirse el enésimo adelgazamiento de Initec (del grupo Teneo); en el de software aplicado, Eritel (igualmente participada por Telefónica) pierde cartera en beneficio de IBM, mientras que Inisel o Initel no terminan de superar ciertos problemas.
La captación de activos industriales hacia otros países y regiones, además de eliminar competidores, permite a las transnacionales deslocalizar aquellos que le interesen para abaratar sus costes en las fases de menor valor añadido, subordinando sus redes productivas a los intereses de sus centros nacionales.
Todo lo anterior pone de manifiesto las consecuencias de la política económica e industrial aplicada por el Gobierno. Se ha abandonado al mercado el tejido industrial al grito de que "la mejor política industrial es la que no existe", secundada por el Gobierno regional. El fruto correspondiente se recoge ahora en forma de macabra cosecha de despidos y cierre.
La insuficiente inversión, déficit endémico de nuestra economía, ha evolucionado negativamente en los últimos diez años. Las inversiones productivas se han remitido a asegurar el mantenimiento de la capacidad de competencia, incrementando la productividad mediante la reducción de los costes con cargo al empleo neto. El redimensionamiento a la baja de la plantillas reduce a cero la capacidad operativa de las empresas para reactivar su producción.
La vieja tesis de que el mercado regula la producción industrial recorre de arriba abajo la Administración, contagiando por omisión al Gobierno regional, que, pese a disponer de un magnífico instrumento cual es el pacto por la industrial y el empleo, se empeña en una pasividad que no muestran otros Gobiernos regionales y autonómicos.
Aun siendo conscientes del margen de maniobra autonómico-competencial y financiero, el pacto no ha jugado el papel deseado, no se le ha exprimido en sus amplias potencialidades, y no porque sus contenidos estén caducos y deban ser revisados, sino por un problema de incapacidad en materia de gestión política. La comunidad debe abandonar el "digo y no hago"; el momento es decisivo. El futuro de la industria requiere de la intervención inmediata de las ad ministraciones, ya que la pasividad, el dejar hacer, juega contra el empleo.
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