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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cámara indiscreta

VARIAS CADENAS de televisión han empezado ya a perseguir a quienes se fueron de casa por las razones que fuera. Existe asimismo la cámara policía que vigila las esquinas de determinados edificios públicos y privados, los paseantes en un supermercado o los clientes de un banco para prevenir el atentado o poder fichar al ladrón. El Ministerio del Interior planea incrementar ahora este territorio audiovisual instalando en los barrios con mayor tasa de peligrosidad equipos de hasta 250 cámaras que filmarán todo lo que se mueva.El proyecto se justifica por la esperada efectividad para identificar y detener delincuentes y por su eventual efecto disuasorio. La hipótesis de Interior contempla un centro de control donde 33 agentes seguirán las imágenes para advertir posibles delitos y reaccionar con diligencia. Las imágenes se archivarán en prevención de usos futuros e indeterminados.

Interior se ha anticipado a los lógicos recelos sobre la legalidad del plan aduciendo una sentencia que avala la captación "de manera velada y subrepticia" de imágenes de personas sospechosas. Niega que pueda reputarse intromisión en la intimidad. Discrepamos. En este caso, la vigilancia electrónica no es selectiva, sobre un sospechoso. Se archiva la imagen de cualquier ciudadano que circule por la calle.

Al margen de lo injusto, e incómodo, que es para cualquier transeúnte saberse observado por el mero hecho de pasear por malas calles, la predicada efectividad de la medida es dudosa. La notoriedad de esta vigilancia sólo provocará el desvío de los delincuentes hacia las zonas ciegas de la ciudad, donde podrán cometer sus fechorías. Este tipo de precauciones sólo tienen sentido para determinados recintos susceptibles de ser objetivo terrorista, como cautela para salvaguardar una propiedad privada o como sistema de control de tráfico.

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Además, el hecho que haya habido desvío de algunos censos informáticos para usos particulares es un pésimo antecedente como para que el ciudadano pueda pensar que estas imágenes grabadas en la calle tendrán una perfecta custodia. Discutible sustento legal, dudosa efectividad, legítimo temor a los futuros usos de este registro electrónico indiscriminado..., son demasiadas razones como para contemplar sin zozobra las intenciones de Interior. Este endiosamiento policial -que quiere verlo todo- es utópico. E inadmisible.

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