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España impulsa una "evacuación discreta" de su colonia en Argelia

Cada semana cinco españoles abandonan definitivamente Argelia. Este goteo aparentemente insignificante, empezó el pasado mes de noviembre cuando finalizó el ultimátum dado por el Grupo Islámico Armado a la comunidad internacional para que dejara el país. El éxodo ha dejado reducida la colonia española a 386 personas, 239 de las cuales dependen del consulado de Argel, mientras que las 147 restantes están controladas por Orán. Según cifras oficiales un total de 154 españoles han dejado Argelia.

Esta operación de "evacuación discreta" cuenta con el beneplácito y la ayuda económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en algunos casos ha pagado el pasaje de avión de los residentes en Argelia. El objetivo de esta operación es reducir al máximo la colonia española, evitando los riesgos y dificultades de una evacuación masiva en el último minuto.Pero España no es la única. Los demás países de la Unión Europea han impulsado medidas similares, promocionando "evacuaciones discretas". Con esta fórmula, pactada por los embajadores europeos en Argel, se han eludido las fricciones con el Gobierno de Argelia y se han preservado intereses económicos comunes.

Este éxodo mitigado de la colonia española se acelerará en las próximas semanas, como consecuencia de los recientes acontecimientos, que han provocado la primera declaración pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid "recomendando" a, los nacionales, que no tengan especiales intereses en Argelia, volver lo antes posible a España. La principal dificultad con que se encuentran los evacuados es la falta de ayudas económicas por parte del Gobierno, lo que facilitaría su reinserción. Entre las ayudas reclamadas se encuentran principalmente dos: el acceso a una vivienda y el otorgamiento automático de pensiones no contributivas para los refugiados mayores de 50 años.

A pesar de todas estas medidas los funcionarios consulares en Argelia consideran que quedará en el país un núcleo español importante, estrechamente vinculado a la sociedad de este país magrebí y que sólo lo abandonará si la situación se complica y se hace insostenible. Los sectores de la colonia española más reticentes a salir lo configuran los 45 religiosos, los 38 ancianos y los 77 matrimonios mixtos.Intereses comerciales

Pero los países de la Unión Europea, incluida España, no descartan otras medidas drásticas, como sería la evacuación formal de la colonia extranjera, pactada previamente con el Gobierno de Argel, según coinciden diversos observadores diplomáticos. Al parecer, diversos países europeos trabajan conjuntamente en el diseño de unos hipotéticos planes de desalojo de la población extranjera, en los que podrían llegar a utilizarse efectivos de transporte militares.

Una evacuación formal no ofrece, según los técnicos, ningún tipo de dificultades, tal como quedó demostrado el pasado mes de octubre, con ocasión de unas maniobras militares efectuadas en la costa del Tirreno, en Italia, y de las que se hizo eco la prensa internacional.

Esta situación de inestabilidad política que altera gravemente a la colonia española afecta relativamente a nuestros comerciantes en Argelia, según asegura Álvaro de la Riva y Guzmán, consejero comercial de la Embajada de España. El principal proyecto hispano-argelino, el gasoducto euro-magrebí que debe entrar en funcionamiento en el verano de 1995 sigue en pie. España participa en el proyecto de manera indirecta suministrando 180 kilómetros de tubo, fabricados por Ensidesa y valorados en 170 millones de dólares. Las obras se desarrollan según el calendario previsto.

Pero España está además presente en otras siete importantes obras públicas, cuya ejecución se ha visto temporalmente frenada por la oleada de violencia y muy en especial por el asesinato el pasado mes de diciembre de los 12 cooperantes croatas que trabajaban en un proyecto de canalización. La matanza puso de relieve que la custodia del Ejército no garantizaba totalmente la seguridad de empleados de los grandes trabajos públicos. La primera empresa española en arrojar la toalla fue Dragados y Construcciones, que se había comprometido a construir una presa.

Las empresas con menos complicaciones son las que trabajan en el sur del país, en el Sáhara, una zona muy vigilada y que no se encuentra afectada por la oleada de violencia. Allí trabajan con normalidad Repsol y Cepsa dedicadas a la extracción y prospecciones petrolíferas.

En un intento de resolver de manera conjunta el problema de seguridad de las grandes obras públicas a cargo de empresas extranjeras en Argelia, los embajadores de la Unión Europea están elaborando una propuesta, que significaría introducir en los contratos ya firmados y en vías de ejecución una "cláusula de riesgos especiales". Esta cláusula permitiría a los países extranjeros suspender o interrumpir definitivamente las obras, sin ningún tipo de penalización financiera si se demuestra que Argelia ha tenido fallos de seguridad.Pero paradójicamente a pesar de la situación la cartera de los contratos de suministros de España a Argelia se ha incrementado ostensiblemente en el último año, pasando de 706 millones de dólares a 800 millones de dólares. Claro está que se trata de operaciones que no tienen ningún riesgo ya que consiste en trasladar productos fabricados.

En un intento de no perder las cuotas de mercado las empresas españolas mantienen abiertas contra viento y marea sus representaciones comerciales en Argelia, si bien han tenido la precaución de reducir al mínimo la plantilla de empleados españoles colocar al frente de las oficinas contratados locales. En este último caso, las oficinas se fiscalizan desde el exterior o con viajes relámpago de sus responsables.

Toda esta política, según Alvaro de la Riva, agregado comercial de la embajada española en Argel, queda resumida en tres puntos: mantener abiertas las empresas españolas, defender la cuota de mercado y reforzar al mismo tiempo sus condiciones de seguridad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 1994

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