Campo de Marte

ENTRE CAMBIAR la ley y aplicarla, la segunda opción parece haber triunfado de momento en el seno del Gobierno. El ministro de Justicia ha presentado el plan con que su departamento se propone poner algo de orden en la aplicación de la ley de objeción de conciencia, que amenazaba con hacer inviable el actual modelo de mili. La alternativa era modificar la ley, endureciéndola, a fin de conseguir que sólo una minoría pudiera acogerse a ella. La ley española no es sustancialmente diferente a las de los demás países europeos, por lo que el problema no puede achacarse a su articulado. Tal vez pudo haberse hecho una ley más restrictiva, pero, tras 10 años de aplicación, resulta imposible dar marcha atrás.Pero es cierto que la ley no ha sido operativa. Sobre todo por el desbordamiento de todas las previsiones respecto al número de jóvenes que invocarían motivos de conciencia para no hacer el servicio de armas. Pero ese crecimiento se ha visto favorecido por el desbarajuste de la prestación social sustitutoria. Ésta fue ideada como mecanismo que diferenciase la objeción del mero escaqueo; sin embargo, la incapacidad de las administraciones para ofrecer las plazas necesarias para realizar tales prestaciones -en terrenos como la sanidad y asistencia social, medio ambiente, cooperación internacional...- más bien ha favorecido la identificación entre ambos conceptos.

Las medidas ahora adoptadas tienden a garantizar el efectivo cumplimiento de esas prestaciones, incluso si deben realizarse fuera de la propia comunidad autónoma. También se plantea la posibilidad e entrevistas personales con los objetores para que expliquen sus motivos. El efecto de esto último puede ser, como mucho, disuasorio, porque no existe procedimiento objetivo alguno para diferenciar la objeción sincera de la de conveniencia. El rechazo reciente de la mili por parte de sectores de la juventud no se debe ya únicamente a factores culturales o generacionales, sino a la convicción, compartida con el resto de la sociedad, de que se trata de una pérdida de tiempo dada la nueva configuración de los ejércitos. Las medidas se enmarcan, así pues, en un proceso de transición hacia el Ejército profesional. A la espera de que la situación económica permita plantear esa opción de manera decidida. Al menos el debate sobre ella.