El Tribunal de Cuentas descubre 1,77 billones "mal contabilizados" en el presupuesto de 1991

Los desajustes contables descubiertos en el presupuesto de 1990 se han agravado un año más tarde, a juicio del Tribunal de Cuentas. En el informe remitido hace unos días al Gobierno para recibir sus alegaciones se piden explicaciones sobre 1,77 billones de pesetas en operaciones "mal contabilizadas, indebidamente periodificadas o sin contabilizar". Este informe dará paso a una declaración definitiva que se conocerá a mediados de año. La partida más abultada es la que engloba anticipos de tesorería con destino a las autonomías por valor de más de 200.000 millones de pesetas.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las finanzas públicas, acaba de remitir al Gobierno un primer informe sobre la ejecución de los Presupuestos del Estado de 1991. El Gobierno tiene un plazo de un mes para presentar sus alegaciones, lo que dará paso a una declaración definitiva que se aprobará en el pleno del Tribunal hacia mediados de año. La declaración definitiva se envía -posteriormente a las Cortes para que se pronuncien al respecto.En esta primera fase, el Tribunal ha vuelto a encontrar partidas, en su opinión, mal contabilizadas por valor de 1,77 billones de pesetas en 1991. En el informe correspondiente a 1990, el valor de estas operaciones ascendió a 1,36 billones. Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda señalan que no se trata de cantidades "ocultadas", sino de "diferencias de criterio" sobre cómo y cuándo se contabilizan determinadas partidas.

Es la misma idea, salvo algunas excepciones, que existe en el Tribunal de Cuentas, pero con un matiz importante: si esas cantidades se hubieran reconocido en tiempo y forma, el déficit público de esos años habría sido mayor del reconocido por el Gobierno. La divergencia con Economía es que el Tribunal quiere unas cuentas públicas que abarquen "todo el gasto" con un criterio amplio, mientras que el ministerio alega que se sigue al pie de la letra la legislación contable y los criterios de la CE.

El hecho de que el volumen de fondos en discusión haya aumentado de un año para otro indicaría, según fuentes del Tribunal, que el Gobierno no ha puesto remedio a algunas de las deficiencias detectadas. La interventora general del Estado, Purificación Esteso, explica que está a punto de aprobarse un nuevo plan de contabilidad presupuestaria, que entrará en vigor en enero de 1995, en el que se tienen en cuenta algunos de esos criterios.

Por ejemplo, los relativos a la forma de contabilizar los intereses de la deuda -cuando se emiten los títulos o cuando se pagan los intereses- o las devoluciones de impuestos. Según Esteso, éstos deberán reconocerse en el momento de devengo a efectos de contabilidad económica pero no en la presupuestaria, dos formas distintas de medir el déficit.

Voto negativo

Puede ocurrir, por primera vez, que el pleno del Tribunal acabe por no aprobar las cuentas y que éstas sean devueltas al Gobierno para que se rehagan. La "reincidencia" observada en 1991, es el argumento que un sector del Tribunal de Cuentas ha esgrimido durante la preparación del informe de ese año para intentar promover un voto negativo. El pleno a celebrar a mediados de año adoptará una decisión por mayoría, con la posibilidad de que existan votos particulares.

La partida más importante sobre la que el Tribunal ha pedido justificación al Gobierno en relación al presupuesto de 1991 engloba varios anticipos de tesorería a las comunidades autónomas, por un montante de 202.768 millones de pesetas. Al menos uno de ellos, se transfirió a las 15 autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) el 10 de diciembre de 1991, por la cantidad de 71.943 millones de pesetas.

En julio de ese año el Gobierno acordó recortar el gasto en 341.062 millones de pesetas para cumplir el artículo 10 de la Ley de Presupuestos. Ésta norma impedía que las obligaciones reconocidas -gasto comprometido- al final del ejercicio superara el presupuesto aprobado por las Cortes, excluidos los créditos extraordinarios y otros. Llegados al mes de diciembre, el dinero para transferir a las comunidades autónomas su participación en los ingresos del Estado había agotado el límite impuesto por el Consejo de Ministros. Existía, sin embargo, la obligación legal de efectuar esta transferencia.

El entonces secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza -en la actualidad director del gabinete de la presidencia del Gobierno- firmó en diciembre la concesión de este anticipo de tesorería. Como el límite del Consejo de Ministros operaba sólo para 1991, lo que se hizo fue cargar este gasto sobre el ejercicio siguiente (1992). Zabalza no ha contestado las llamadas de este periódico para contrastar su versión.

Se habría rebasado así el límite legal del artículo 10 -era un gasto de hecho producido en 1991 que se contabilizó un año después-, así como el recorte del gasto aprobado por el Consejo de Ministros. En Economía existe, sin embargo, el criterio de que un anticipo de tesorería no es gasto del ejercicio en términos de contabilidad nacional y que, por tanto, no se habría rebasado el mencionado artículo 10. El equipo actual que dirige Pedro Solbes ha tenido que proponer al Gobierno y posteriormente al Parlamento, la aprobación de un real decreto ley para poder superar dicho límite.

Suspenso al Gobierno

Durante la presentación ayer en el Congreso de las cuentas de 1990 por el presidente del Tribunal, Adolfo Carretero, toda la oposición suspendió al Gobierno, informa Juan G. Ibáñez. Tanto el Partido Popular como Convergéncia i Unió e Izquierda Unida coincidieron en que el informe del Tribunal de Cuentas hace merecedor al Gobierno de un veredicto totalmente negativo. El informe señala, entre otras cosas, que la Administración modificó en un 23% los créditos aprobados por el Parlamento, modificación que en el 80% de los casos estuvo dirigida a ampliar las cantidades solicitadas.

El informe del Tribunal de Cuentas resalta la "falta de rigor en la elaboración de los Presupuestos" por parte del Gobierno, y pide que se contabilice como déficit de 1990 2,46 billones de pesetas (1,1 billones reconocidos por el Gobierno y 1,36 billones adicionales contabilizados por el Tribunal).