Un juez pide explicaciones al fiscal general adjunto por su petición de archivar el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York

La maraña política y legal en torno a las presiones del Departamento de Justicia -es decir, la Casa Blanca de Donald Trump- para desestimar un caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se complica cada día más. La injerencia de la Administración republicana se ha enfrentado este miércoles al escrutinio de los tribunales, en una primera prueba del alcance real de sus esfuerzos por ejercer un mayor control sobre la aplicación de la justicia.

El juez federal de distrito Dale Ho, instructor del caso Adams -cinco casos de corrupción por aceptar dinero y prebendas de Turquía, por los que fue acusado formalmente en septiembre-, ha escuchado este miércoles en Nueva York los argumentos de la defensa del acusado y de funcionarios del Departamento de Justicia para decidir si da el visto bueno a la retirada de los cargos, cuando sólo faltan dos meses para el teórico inicio del juicio. Las razones del Departamento de Justicia son conocidas: que un proceso contra Adams le impediría colaborar en los planes de deportación de migrantes de la Casa Blanca. La vista, que se ha prolongado durante 90 minutos, ha concluido sin que el juez decidiera si archiva el caso, para lo que ha pedido “paciencia mientras considero estos asuntos cuidadosamente».

El demócrata Adams, que ha comparecido en la vista, confía mientras tanto su futuro político a la suerte, apoyado por su principal base electoral -las iglesias afroamericanas-, a la espera de que la gobernadora de Nueva York, su compañera de partido Kathy Hochul, decida qué hacer con él. Hochul tiene la potestad de destituirlo.

Ho pretende llegar al fondo de las razones del Gobierno federal para pedir el archivo de la causa contra el regidor demócrata, una solicitud directa del Departamento de Justicia que la semana pasada causó la mayor revuelta en la judicatura en los últimos 50 años. Tras la dimisión de ocho fiscales y abogados de Justicia, opuestos a las presiones de Washington, este lunes tres exfiscales federales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut presentaron un escrito en el que piden a Ho que lleve a cabo una amplia investigación para determinar si la moción del Departamento de Justicia es de interés público o simplemente un pretexto para asegurarse la cooperación del alcalde con las políticas antiinmigración de la Administración republicana. Hochul ha reunido por su parte a las autoridades de la ciudad para sondear opciones, entre ellas la destitución. La crisis se ha llevado por delante a cuatro altos responsables del Ayuntamiento, que dimitieron en bloque este martes.

De momento, lo único claro en esta lucha intestina es el intento de la Casa Blanca de saltarse la separación de poderes o, cuando menos, de ahormar el curso de la justicia a sus intereses. Es el Departamento de Justicia el que marca la pauta, y los fiscales y abogados, quienes ponen las bajas. Los partidarios de Trump se felicitan por la dimisión de esos ocho miembros del Departamento de Justicia, entre ellos la fiscal en funciones del Distrito Sur de Nueva York, republicana, que han dejado el campo libre a los casos de corrupción, como el que implica a Adams. Trump quiere liberar al regidor para que ayude a la Administración en su ofensiva contra la inmigración, algo que el regidor no podría hacer desde los tribunales o la cárcel, arguye Washington.

Pero el caso no tiene precedentes. La dimisión en masa de tantos fiscales y abogados de alto nivel no se producía desde la tristemente célebre Masacre del sábado noche del presidente Richard Nixon hace 51 años, cuando destituyó fulminantemente al fiscal especial del caso Watergate. También plantea la pertinente duda de qué opinaría un Partido Republicano en la oposición si una Administración demócrata pretendiera encauzar la justicia a su antojo. El fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove -que fue abogado principal de Trump en el juicio por el caso Stormy Daniels, en el que fue declarado culpable-, ha dicho que la causa debería desestimarse sin perjuicio de una hipotética reactivación posterior, debido a “los riesgos de interferencia con las elecciones [municipales] de 2025 en la ciudad de Nueva York”, que se celebrarán en noviembre, y porque continuar con el caso “interferiría con la capacidad del acusado para gobernar la ciudad de Nueva York”, lo que directa o indirectamente amenazaría la aplicación de las políticas migratorias de Trump en la ciudad, meta de más de 200.000 migrantes, en su mayoría indocumentados, desde la primavera de 2022.

Adams niega cualquier quid pro quo con la Administración republicana para retirar los cargos a cambio de impulsar la agenda migratoria de Trump. Los antiguos fiscales han instado sin embargo al juez Ho, nombrado por Biden, a no aprobar la petición de Washington sin profundizar en las circunstancias que rodearon el acuerdo. Si Ho rechazara la moción, hay pocos precedentes de lo que podría ocurrir a continuación.

La crisis de reputación que el escándalo está proyectando sobre la principal ciudad de EE UU va mucho más allá del cálculo político del propio Adams, que se ha arrimado a la sombra de Trump con la esperanza de que una colaboración con la Casa Blanca le permita seguir empuñando la vara de mando de la ciudad. Con el único apoyo de los fieles de iglesias afroamericanas -el domingo hizo campaña en dos de ellas- y un puñado de cargos electos, también afroamericanos, de la ciudad, que han advertido a Hochul del alto precio político que supondría su destitución, Adams ha vuelto a repetir esta semana que no se hará a un lado y que concurrirá a las elecciones de noviembre.