Los 'híper' seguirán abriendo en domingo al menos hasta el mes de junio
JOSÉ MANUEL ROMERO Los hipermercados de Madrid podrán jugar una prórroga de entre tres y cuatro meses antes de verse obligados por ley a cerrar sus puertas en los días festivos. Joaquín Leguina, presidente regional, no firmará finalmente el decreto (instrumento legal que precisa sólo el acuerdo del Gobierno autónomo) sobre los nuevos horarios comerciales en la región. Sus dudas sobre la legalidad de que una medida de ese calibre se pueda resolver con un simple decreto han acabado por inutilizarlo. Así que se regulará por ley, lo que requiere el debate y la aprobación de la Asamblea.
El consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, logró ayer en el Parlamento madrileño un acuerdo político para ordenar la nueva situación del comercio mediante esa ley, que se tramitará en la Asamblea por vía de urgencia. De esta manera, el texto se podrá aprobar antes de que concluya el presente periodo de sesiones, tal vez en el mes de junio.
El proyecto de ley incluirá el número máximo de días de apertura en domingos y festivos (aún pendiente de un acuerdo político final), al que se deberán acoger los comercios, y el régimen sancionador. La nueva ley nace con' un solo objetivo: "beneficiar el desarrollo económico de la región y no generar más desempleo", según Fernández Noriega.PASA A LA PÁGINA 3
IU apoya la limitación de sólo ocho festivos
VIENE DE LA PÁGINA 1Para conseguir esa meta [no generar más desempleo], según la portavoz de IU, Teresa Nevado, habrá que optar por unos horarios restrictivos que favorezcan al pequeño comercio, que da empleo en Madrid a 180.000 personas. "Sólo en Irlanda y Portugal, los países de la Unión Europea (EU) de economía más atrasada, se permite abrir todos los domingos. En Francia, el país de las grandes superficies comerciales, está prohibido", argumentó Nevado para apoyar la necesidad de admitir sólo ocho días de apertura al año.
Por su parte, el PP, optó ayer por los equilibrios dialécticos: "Una fórmula totalmente restrictiva no es solución, pero a lo mejor tampoco la apertura salvaje lo es", aclaró la portavoz popular, Carmen Álvarez Arenas. Las soluciones del Partido Popular pasan porque Izquierda Unida reduzca sus exigencias. Álvarez Arenas invitó a los 13 diputados de la coalición a "consensuar un punto flexible de acuerdo".
El consejero de Economía interpretó los discursos de sus dos oponentes políticos como un síntoma del "gran acercamiento" que se estaba produciendo. Con la euforia de ese presunto consenso aplacó su tono crispado y anunció que el Gobierno regional tiene voluntad de regular los nuevos horarios "con carácter temporal, pero con celeridad".
Grupo Socialista
Los socialistas quieren "favorecer a los pequeños y medianos comerciantes" que tengan problemas de competitividad con los grandes almacenes "en caso de que el cierre en domingo les pueda favorecer", según Fernández Noriega. El titular de Economía volvió a recalcar que la futura ley incluirá excepciones para que puedan abrir en domingo las tiendas de la sierra, los tenderetes del Rastro y las fábricas de muebles que salpican las carreteras de acceso a la capital.
Izquierda Unida, que mantiene con sus 13 diputados al Gobierno regional del PSOE, aconsejó a Fernández Noriega sobre los modos de actuar para resolver la compleja gestión de los horarios comerciales. "Esconder la cabeza debajo del ala y dejar pasar el tiempo es la peor decisión que se puede tomar", espetó Nevado al consejero de Economía.
El próximo jueves, la coalición propondrá en pleno la solución definitiva a este conflicto jurídico. Izquierda Unida solicitará al Gobierno la presentación con carácter de urgencia de un proyecto de ley. A partir de aquí, según el Gobierno, se podrían agilizar todos los trámites para en un plazo de dos a tres meses aprobar la ley.
Los pequeños y medianos comerciantes mantuvieron ayer la calma, aunque amenazaron con movilizarse si en breve no se resuelven todas las dudas y se garantiza la rápida aprobación de la ley. Por su parte, CC OO y UGT reclamarán hoy en el Consejo Económico Social que se decrete un máximo de ocho días de apertura y que se incluya un régimen sancionador para hacer cumplir la norma.
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