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La eutanasia, ¿en lista de espera?

JUANA TERESA BETANCOR La vida es un derecho, pero no un deber, afirma la autora; y debe complementarse con el derecho a morir, que ha de ejercerse voluntaria y libremente, debidamente informado el enfermo de su diagnóstico y pronóstico.

Hace ya años que se lucha en España por un cambio legal en relación con el derecho de los enfermos irreversibles a decidir sobre el final de la propia vida. Hay quien prefiere adelantar su muerte a ser mantenido en una situación de degradación, física o psíquica, que le resulta insoportable. Esta petición de cambio está respaldada por, al menos, un 66% de los españoles, según una encuesta del CIS del año 1992. Varios enfermos, irreversibles y terminales, se han manifestado lúcidamente en diversos medios de comunicación en demanda de esta libertad obvia. La eutanasia se ha convertido en uno de esos temas periódicamente presentes en mesas redondas, actos académicos y tertulias públicas o privadas.Se sabe también que en el consejo asesor de sanidad se está debatiendo sobre el derecho a la muerte digna, aunque su presidente, señor Segovia de Arana, ha declarado ya que no habrá conclusiones sobre "eutanasia sí o eutanasia no". De la eutanasia se hacen ya hasta chistes, y quizás es esto un índice de hasta qué punto está socialmente maduro el tema. Solamente el ministro de Justicia, que tan expresivo está siendo con otros asuntos de más difícil solución, como el del aborto, guarda un extraño silencio. Nada sabemos de la posición del Gobierno repecto a esta cuestión en el siempre pendiente muevo Código Penal. Nos tememos que el reconocimiento legal del derecho humano a morir con dignidad ha sido colocado en lista de espera. Porque en política, como en la Seguridad Social, existen también listas de espera. El Gobierno y el partido o partidos con los que ha de llegar a acuerdos para gobernar, establecen, indudablemente, prioridades, pero, a veces, como en este caso, hay que adivinar los criterios utilizados para fijarlas. Pudiera ser que en esas listas influyesen factores como el voto: por ejemplo, los moribundos no votan, las embarazadas sí; consecuencia, el aborto sube peldaños en la lista y la eutanasia baja. Otro factor podría ser de tipo político preventivo; se trataría de no irritar en demasía a poderes fácticos, como la Iglesia católica (institución, se entiende). O que existan. disensiones en el partido gobernante, o en el partido socio, con respecto a la cuestión. El portavoz del Gobierno calla, el ministro de Justicia, también. Sólo podemos especular.Habrá que decir, una vez más, que la vida es un derecho, pero no un deber, y de ahí que el derecho a vivir deba complementarse con el derecho a morir. Que ese derecho ha de ejercerse voluntaria y libremente, debidamente informado el enfermo de su diagnóstico y pronóstico de futuro. Que el reconocimiento de un ámbito de lo privado, propio de la modernidad democrática, junto, con otros derechos expresamente recogidos en la Constitución española, tales como los de la integridad física y moral de la persona, su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, configuran al ser humano como un sujeto moral autónomo. El derecho a la autodeterminación, propio de este sujeto, es el derecho a la no interferencia de otros -Gobierno, sociedad o terceras personas- en la intimidad de cada uno. ¿Puede alguien dudar de que la muerte es uno de los actos más íntimos de nuestra vida, si no el que más?

La Audiencia Territorial de Barcelona acaba de dictar sentencia sobre el caso de Ramón Sampedro Cameán, cuadripléjico desde hace 25 años, quien había solicitado al tribunal que se pronunciara sobre su derecho a que se le ayude a poner fin a su vida. Es la primera vez que se produce una demanda semejante en nuestro país. Tanto el Tribunal, en su sentencia, como el fiscal urgen al Gobierno a que atienda a la nueva sensibilidad social y rellene el vacío legal existente respecto a la eutanasia, modificando el artículo que impide la ayuda al suicidio.

Hay que decir también que la despenalización de la eutanasia voluntaria requiere no sólo 'las garantías imprescindibles para que no se produzcan abusos, sino, a_mi entender, otras medidas complementarias. Justicia, sanidad y educación deberían aunar sus esfuerzos. Hay que explicar claramente al cuerpo médico el porqué de esa despenalización, ayudando a consolidar la nueva relación dialogante médico-enfermo. Hay que formar a los nuevos médicos, ética y materialmente, en como ayudar en el proceso de la muerte. Se debiera facilitar el acceso de los usuarios a un documento tipo testamento vital. Han de incrementarse las unidades de cuidados paliativos, de forma que el paciente pueda elegir libremente la que considera su mejor opción para el proceso de su muerte.

Se trata, en suma, de que pueda ejercerse el derecho humano a la muerte digna, de no dejar prevalecer el derecho de la intolerancia de ciertos grupos o personas. El derecho de la intolerancia -decía Voltaire- es absurdo y bárbaro. Se trata de no cometer la bárbara absurdidad de que una de las libertades básicas del individuo pueda entrar en lista de espera.

es vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

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