Un error desnaturalizado

Un inmenso error de la Administración de UCD elevó otro peldaño la tragedia de. la colza. La Dirección General de Aduanas autorizó el uso de un desnaturalizante del aceite de colza, la anilina, tan tóxica como inútil. No marcaba al aceite. Ni le daba color ni sabor ni olor. Incluso era fácil separarla del aceite. Esa garantía de que el aceite nunca podría desviarse al consumo humano se desvaneció.Manuel Hernández Bolaños, de 68 años, entonces director del laboratorio central de Aduanas, emitió un informe decisivo en 1973 en favor del uso de la anilina como desnaturalizante del aceite de colza por entender que era fácilmente identificable y de casi imposible separación del aceite. La anilina "hace inapropiado el aceite de colza para la alimentación", decía Bolaños. Con tal autorización oficial, se abandonó el ricino y se comenzó a usar como desnaturalizante la anilina. Está probado por sentencia que "la anilina no siempre modificaba aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental" apropiado. Bolaños, en contradicción con su informe de 1973, admitió el 16 de noviembre de 1981 que "para eliminar las anilinas de un aceite existe un procedimiento más sencillo que cualquier complejo refine".

José Aranda Catalán, Francisco Mayo Giménez y Casimiro Palacios Rodríguez, de 52 años, eran, respectivamente, alcalde y concejales de Abastos y de Sanidad de Alcorcón cuando se vendió la colza asesina. Los dos primeros han fallecido. Según Bueren, "era conocida la existencia de un almacén de Raelca en aquella localidad, que funcionaba sin licencia de apertura, pese a tenerla solicitada y en suspenso su concesión, y comercializaba en forma oficialmente clandestina, pero conocida y consentida, aceite de colza que resultó tóxico, el que fue adquirido y revendido por 13 vendedores ambulantes y 61 comerciantes, produciendo la muerte de 12 personas al menos". La ordenanza municipal de diciembre de 1979, que regulaba los productos cuya venta se autorizaba en la vía pública, no incluía el aceite.

Miguel Casado Palomero, médico jubilado, de 69 años, era concejal de Sanidad en Valladolid cuando Jesús Españadero Coca vendió durante varios meses en 1980 aceite tóxico de Raelca desde una furgoneta. Aunque carecía de licencia, no tuvo empacho en recorrer Valladolid vendiendo su mercancía. Resultaron afectados 253 vallisoletanos. Casado declaró el 5 de diciembre de 1986 que ignoraba que el Ayuntamiento tenía como competencia controlar la venta ambulante, por más que él dirigía la inspección de alimentos en dicha ciudad.

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