Altos cargos de la Administración facilitaron que el aceite de colza tóxico se vendiera a los consumidores

"Apto para el consumo humano". Roberto Conty Larraz, subdirector general de Higiene de los Alimentos, presuntamente añadió el 12 de junio de 1981 de su puño y' letra tal apostilla a los análisis de los aceites de colza desnaturalizados, de la empresa Raelca, principal vendedora del aceite causante del síndrome tóxico. Dos días antes ya se había di fundido que la causa de la enfermedad que aquejaba a miles de personas era el aceite de colza. Conty es uno de los 10 encartados en el proceso de los altos cargos de la colza. El juez Carlos Bueren decidirá estos días si finalmente habrá juicio por esas actuaciones oficiales. Si la Administración es condenada, deberá pagar casi medio billón de pesetas en indemnizaciones.

La actitud de Conty Larraz fue un ejemplo más de cómo fallaron los mecanismos de control por la Administración de UCD. Si tal imprudencia aún ha de ser resuelta en el terreno judicial, la responsabilidad política parece evidente. La falta de control originó la mayor catástrofe alimentaria de la historia española, con más de 400 muertos y 25.000 afectados. La fiscalía, en 12 años de instrucción de sumario, sin haber reclamado ni una pesquisa, ha mantenido que la causa debe ser sobreseída. De ser Juzgados y condenados, el Gobierno debería pagar una indemnización que podría superar el medio billón de pesetas.En busca del agente del síndrome tóxico, una revisión del departamento de Farmacia de Madrid detectó el 9 de junio de 1981 diferentes irregularidades en la planta envasadora de Raelca. La empresa d9 los hermanos Ferrero -condenados ocho años más tarde como responsables de la venta de la partida de colza más mortífera- carecía de registro sanitario, fabricaba allí mismo los envases de plástico y usaba la misma maquinaria para todos los aceites. Ese mismo día se ordena a Roberto Conty Larraz, entonces subdirector general de Higiene de los Alimentos, de Sanidad y hoy jubilado a. sus 70 años, una "investigación discreta "sobre Rael y demás marcas vendidas por Raelca. El 12 de junio, inspectores de Sanidad recogen etiquetas de las diversas marcas de aceite que comercializaba Raelca. Ese mismo día, uno de los dueños de la firma investigada, Ramón Ferrero, se entrevistaba con el responsable de tales pesquisas, Conty, al que entregó cuatro análisis de sus aceites realizados por Laboratorios Comar. Tales pruebas no indicaban si dichas partidas eran o no tóxicas. Pero Conty, presuntamente, agregó de su puño y letra que el aceite de Ferrero era "apto para el consumo humano" y que su único problema sería su "posible confusión con el [aceite] de soja". Con ello, Ferrero obtenía, un refrendo oficial a su labor, que continuó hasta el 29 de junio, fecha en que fue detenido junto con sus otros dos socios en Raelca: Elías Ferrero y Cándido Hernández Galán.

Un informe grafológico de la policía concluyó que "todos los textos manuscritos dubitados [analizados] han sido realizados por una misma persona", que no es otra, según los peritos, que Roberto Conty. Un informe grafológico realizado por su defensa admite que las frases son obra de la misma mano, pero, desde luego, no la de su cliente.

Otro de los implicados en el caso es Antonio Bardón Artacho, de 48 años, quien era jefe del Servicio Contra Fraudes en Agricultura cuando estalló el síndrome. Hoy sigue en dicho ministerio como director del gabinete técnico de la Subsecretaría General de Producciones y Mercados Agrícolas, pese a que, evidentemente, su actuación antifraude no impidió la descomunal estafa asesina de la colza. Un año antes de este drama, el 18 de septiembre de 1980, al inspeccionar Raelca -acta M5/138/90-, se detectaron ácidos insaturados en aceites de soja, sin que hasta el 11 de junio de 1981 se abriera el expediente que desembocó en una sanción impuesta el 17 de noviembre de 1982. Cuando los subordinados de Bardón visitaron Raelca en 1980, la empresa carecía de registro sanitario ni licencia alguna para ejercer su labor, "pese a lo cual no se impidió la venta del aceite", según manifestó Bueren en un auto.

La pericia antifraudes de Bardón no sólo quedó ensombrecida por tal hecho. El 27 de mayo de 1981, su servicio inspeccionó la empresa Oleícola Toledana, en Cebolla (Toledo), y tomó muestras del aceite. Su análisis reveló dos meses más tarde, el 16 de julio, que el aceite era venenoso por contener anilina. Los funcionarios de Bardón regresaron a la empresa el 17 de julio, pero los aceites tóxicos correspondientes a la muestra tomada dos meses antes habían sido vendidos. El aceite sospechoso no había sido ni intervenido ni precintado por el servicio antifraudes. Más aún: Oleícola Toledana carecía de registro sanitario cuando fue visitada en mayo de 1981. Paradójicamente, lo solicitó el 10 de noviembre de 1981, cuando era evidente que vendía aceite venenoso, y lo obtuvo al mes siguiente. También consiguió su licencia fiscal meses después de ser investigada, concretamente el 11 de agosto de 1981.