No se habla japonés

LA EXIGENCIA por parte de Suzuki de una aportación exterior, pública o privada, de casi 40.000 millones de pesetas para no cerrar sus instalaciones de Linares (Jaén) es tan difícilmente asumible que prácticamente condena a la desaparición a una fábrica que en su día dio trabajo a 4.500 empleados y en torno a la cual gira la economía de toda la comarca. Se trata de una condición imposible para cualquier Administración, porque ni siquiera con esa aportación de fondos públicos garantizaría Suzuki el empleo actual: 2.400 trabajadores. A continuación plantea el despido de 1.700 trabajadores, el 70% de la plantilla.La única esperanza es qué se trate de un órdago de la multinacional japonesa para que la movilización de la comarca provoque, si no una aportación tan descomunal, otras ayudas oficiales que contribuyan a financiar la reconversión de la planta o tal vez a convertir al Estado -sus Fuerzas Armadas y de seguridad- en cliente principal de la misma, como ya lo fue en la época en que fabricaba los famosos Land-Rover Santana. Pero es poco probable que se trate sólo de un movimiento estratégico. El caso de Linares, como los que lo han precedido, está poniendo de manifiesto no sólo la profundidad de la crisis del sector del automóvil, sino la debilidad de la posición española frente a las multinacionales instaladas aquí con fuertes ayudas oficiales pero sin posibilidad por parte de la Administración de condicionar su toma de decisiones estratégicas.Hay, de entrada, un problema de demanda. Se venden menos coches, en España y en todas partes. Aquí existen seis empresas fabricantes de automóviles, dos de camiones y autobuses, y tres de todoterrenos y furgonetas (entre. éstas, las japonesas Suzuki y Nissan). Todas ellas tienen en marcha medidas reconversoras. Ahí están los problemas de Seat (cierre de la planta de la Zona Franca barcelonesa y reducción de 10.000 empleos), de Nissan (segregación de la empresa en cinco sociedades para reducir costes, acompañada de reducción de plantilla) y la de Mercedes Benz, con la pérdida de 1.000 empleos en Barcelona.

En todos estos casos se ha manifestado el llamado efecto sede: cuando les van mal las cosas, las multinacionales tienden a reducir sus-ínversiones en los centros situados fuera del país en que se encuentra su sede central.. A veces para cerrar, a veces para trasladar: la posibilidad de producir en países con costes laborales menores, que favoreció a España en las décadas anteriores, le perjudica ahora en favor de los países del Este y otros. A la debilidad de la demanda, nacional e internacional, se suman, pues, unos costes que son ahora menos competitivos que hace una década. Es la combinación de ambos factores lo que determina el cierre o la deslocalización.

En cualquier caso, el problema plantea una crisis de dimensiones enormes para toda una comarca que ya vivió otra cuando se dejó de explotar la minería después de siglos. La suspensión de pagos de Suzuki ha encendido la alarma y ya ha habido empresas auxiliares que han comenzado a no renovar los contratos temporales. Ello ha provocado la movilización de los trabajadores, que alegan el incumplimiento por parte de la empresa de compromisos anteriores. Ese factor será legítimamente utilizado en la negociación. La Administración también deberá hacer valer las subvenciones concedidas en el pasado, así como la ventaja que ha obtenido Suzuki al hacerse con una cuota del mercado nacional que sin duda aspira a mantener aunque se vaya de Linares.

Está en la lógica de la negociación poner precio a esos factores. Pero carece de fundamento la idea, expresada ayer por algunos demagogos de guardia, siempre dispuestos a ganarse el elogio como sea, según la cual, si se van los japoneses, el Estado tendrá que hacerse cargo de la empresa en defensa de los puestos de trabajo. Esa lógica es la que ha conducido a una tasa de paro que dobla la media comunitaria.