El PSOE acepta que el Estado pague a Madrid por ser la capital

Estos nuevos cargos públicos tendrían amplias competencias sobre las áreas municipales para que los concejales pudieran dedicarse a otras funciones más políticas y menos técnicas.Con esta figura, en el Ayuntamiento de Madrid existiría un gobierno político, formado por los concejales elegidos en las urnas, y otro gobierno de técnicos, representado por los directores de servicios designados por el gobierno municipal para gestionar las distintas áreas.

Socialistas y populares han llegado a un acuerdo para incluir dentro de la futura ley, que deberá ser apr9bada por el Congreso de los Diputados, la figura del director de servicios. Pero siguen empantanados en la discusión sobre los límites de contratación directa del alcalde de Madrid. El Gobierno de Joaquín Leguina cuestiona esta sugerencia del PP y se pregunta en su informe: "El reforzamiento de las atribuciones del alcalde en materia de contratación, supuesto que se considere necesario para la mayor eficacia administrativa, ¿es necesario para el Gobierno y administración de la capital del país o de las grandes ciudades?". El Partido Popular desprecia este debate. "No es algo que nos preocupe especialmente", comenta Huete.

El PP también ha solicitado que se le conceda autonomía para establecer las sanciones por infringir sus ordenanzas municipales. Un decreto-ley de 1979 limita la cuantía de las multas por infracción de las ordenanzas a un máximo de 25.000 pesetas. El PSOE no encuentra impedimentos para variar esta norma.

El gobierno de Álvarez del Manzano pretendía aprovechar la redacción de la nueva ley para conseguir competencias sobre la gestión catastral. El Ministerio de Economía y Hacienda dirige actualmente este servicio, donde se fijan los valores de los inmuebles, sobre los que posteriormente los ayuntamientos fijan un porcentaje para cobrar su impuesto de bienes inmuebles. Los dirigentes municipales creen que podrían gestionar mejor el catastro introduciendo modificaciones sobre el valor de los edificios que, en muchos casos, conocen antes que el propio Ministerio de Hacienda. Comunidad de Madrid ve inviable tal petición.