"Ni España ni la CE nos interesarían si ello implicara renunciar al catalán", advierte el consejero de Enseñanza

Todos los partidos catalanes defendieron ayer la constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña y destacaron la ausencia de elementos de conflictividad por ese asunto en la sociedad catalana. Todos expresaron su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) no planteará objeción alguna a la ley. El convergente Joan Maria Pujals, consejero de Enseñanza de la Generalitat, fue contundente. "Ni España ni la Comunidad Europea nos interesarían si ello implicara una renuncia a nuestra lengua", sentenció.El consejero señaló que en España "siempre se ha intentado asfixiar" la realidad plurinacional y plurilingüística. "Esto es una enfermedad crónica en tierras hispánicas", agregó. Y aseguró que la creación de una doble red de centros escolares separados, unos en castellano y otros en catalán, fracturaría la sociedad catalana en dos comunidades segregadas.

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, definió la Ley de Normalización como "un modelo de convivencia en Cataluña", y confió en que el TC no la desautorice.

El secretario general de Convergència Democrática (CDC), Miquel Roca, expresó su confianza en que el TC "deshará este equívoco". Unió, aliada de CDC en la coalición CiU, comunicó que si la Ley de Normalización fuese declarada inconstitucional, los nacionalistas cuestionarían la Carta Magna.

La reacción de los socialistas catalanes también fue tajante. El líder del PSC, Raimon Obiols, acusó a la derecha española, y concretamente al PP, de estar jugando con algo "sagrado" en Cataluña, calificativo que aplicó a "la convivencia entre las lenguas, los orígenes y los sentimientos plurales que componen la riqueza de la sociedad catalana".

El presidente de Iniciativa per Catalunya, Rafael Ribó, afirmó que si en Cataluña hay una, lengua desfavorecida es la catalana y agregó que, si el TC declarase inconstitucional algún aspecto de la ley, "habría que cambiar la Constitución".

El diputado del PP Jorge Fernández Díaz consideró "irregular" que el TC deba pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que lleva más de 10 años en vigor, y expresó su convicción de que ésta recibirá el aval del tribunal.