El Congreso pone en marcha la ley del secreto profesional para periodistas

Por 295 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso aceptó ayer a trámite una proposición de ley de Izquierda Unida, por la cual se reconoce a todo periodista el derecho a no desvelar la identidad del autor o autores de la información obtenida, tanto frente a los poderes públicos, como ante sus empresas o terceras personas. Una vez adoptado el criterio de elaborar una ley específica, el debate se traslada a la amplitud de las limitaciones que van a introducirse al ejercicio de este derecho, cuestión en la que los dos grupos principales, socialistas y populares, manifiestan amplias dudas.

Los socialistas, que hasta ahora se oponían a dicha regulación, cambiaron ayer de actitud. Horas antes de que la cuestión fuera debatida, el secretario general de su grupo parlamentario, Carlos López Riaño, declaró que la propuesta de IU debía ser admitida a trámite. Pero el portavoz socialista en la sesión plenaria, Joan Manuel del Pozo, enfatizó desde la tribuna que los parlamentarios del PSOE continúan albergando "serias dudas" y que piensan plantear "enmiendas muy a fondo".Paradójicamente, estos problemas se plantean a causa de la decisión de regular la cuestión por ley. Durante los quince años de vigencia de la Constitución no ha existido más amparo -ni limitación- del secreto profesional que su reconocimiento en el artículo 20 de la misma. Al adoptarse el criterio político de elaborar una ley sobre este derecho, el problema son las excepciones.

Igualmente hay que definir quienes son las personas amparadas para ejercer tal derecho. La propuesta de IU -que fue defendida por el diputado Diego López Garrido- describe como periodistas a "los profesionales que como trabajo principal y retribuido se dedican a obtener y elaborar información, para difundirla o comunicarla públicamente por cualquier medio de comunicación técnica".

En cuanto al contenido del secreto profesional, IU lo define como "el derecho a negarse a revelar la identidad del autor o autores de la información obtenida". Su ejercicio "impide registrar o incautar el material relativo a la información elaborada y difundida". Los periodistas pueden alegar el secreto profesional ante los órganos judiciales "en cualquier fase procesal". Se excluye la obligación de denunciar delitos conocidos por trabajo.

.La propuesta de IU contempla dos excepciones. El periodista no puede negarse a declarar ante los jueces, cuando éstos le requieren para esclarecer delitos contra la seguridad exterior del Estado. Tampoco puede alegar ese derecho cuando la información difundida afecte a materias calificadas como secretas. Tanto los socialistas como el PP quieren que el derecho al secreto profesional tampoco pueda ser alegado en casos que afecten a la seguridad interior del Estado.

Nada se dice en la propuesta de IU acerca de la alegación de fuentes como justificación de informaciones no veraces.