Supremo envía al Tribunal Constitucional la 'ley del catalán'

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo comunicó ayer su decisión de enviar al Tribunal Constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, aprobada por el Parlament en 1983 con sólo una abstención, para que examine la legalidad de tres de sus artículos dedicados a la enseñanza del y en catalán y al uso de esta lengua como vehículo de expresión en las escuelas.Esa sala del Supremo estudiaba la legalidad de un decreto que desarrollaba la ley del catalán y que había sido recurrido hace 10 años a título personal por el abogado Esteban Gómez Rovira. El 27 de enero, el Supremo pidió. a las partes -recurrente, Generalitat y Fiscalía General del Estado- que en un plazo de 10 días se pronunciaran sobre la constitucionalidad de los apartados primero, segundo y cuarto del artículo 14; el primer inciso del 15, y la totalidad del artículo 20 de la Ley de Normalización.

El Constitucional ya anuló en 1986 dos párrafos de la ley que habían sido recurridos por el Gobierno. Pero se trataba de dos aspectos marginales y el fallo fue aceptado sin críticas por la Generalitat. El recurso que ahora se plantea, por el contrario, afecta a lo esencial del texto legal: la enseñanza en lengua catalana como vehículo para recuperar el uso del idioma.

Los artículos cuestionados

Los artículos cuestionados declaran el catalán lengua propia de la enseñanza en Cataluña; reconocen el derecho de los niños a recibir "la primera enseñanza" en su lengua habitual, sea ésta el catalán o el castellano; condicionan la obtención del certificado de grado de la EGB a que el alumno acredite al acabar sus estudios un conocimiento suficiente del catalán y del castellano, y establecen que los centros de enseñanza han de hacer de la lengua catalana vehículo de expresión normal tanto en las actividades internas como en las de proyección exterior.Desde noviembre pasado el Gobierno de Jordi Pujol negocia con la oposición el borrador de una profunda reforma de la ley de 1983, con el objetivo de extender el uso social del catalán -en la vida económica, en las televisiones privadas, en la cinematografía y en las administraciones que no dependen de la Generalitat, principalmente- y de generalizar la enseñanza en esta lengua. La diputada de Iniciativa per Catalunya Magda Oranich teme que el Gobierno catalán se asuste por el recurso y retrase la reforma. Aleix Vidal-Quadras, del PP, por el contrario, pidió explícitamente que ésta se paralizara.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, declaró ayer: "No me gusta que se nos ponga continuamente en situación de provisionalidad y de duda; pero tengo confianza y en cierta forma celebro la decisión [del Tribunal Supremo], porque espero que, de una vez por todas, se verá que esta ley responde bien a los derechos y a los deberes de los ciudadanos y a la necesidad de Cataluña de que su lengua y su identidad, perseguidas durante siglos, sean respetadas".