Los padres opuestos a la 'ley del catalán' piden apoyos para el castellano

El colectivo de padres de Cataluña que reclama la enseñanza en castellano para sus hijos (Cadeca) anunció ayer nuevas iniciativas contra la inmersión lingüística. Por una parte, presentará hoy un recurso contra la Alta Inspección del Ministerio deEducación porque "no ha. desplegado actividad alguna" para hacer cumplir a la Generalitat la orden judicial para escolarizar a los niños de hasta siete años en la lengua habitual de su elección. Por otra, pedirá apoyo de los Gobiernos autónomos de donde procede la inmigración a Cataluña.

El recurso contra la Alta Inspección se presentará ante el Tribunal Superior Justicia de Madrid. El letrado Esteban Gómez Rovira no ocultó que el pleito sé presenta en Madrid porque espera que los tribunales de esa ciudad le sean más favorables que los de.Barcelona.Una sala del Tribunal Superior de Cataluña acordó en diciembre requerir a la Generalitat que adoptara cautelarmente la decisión de escolarizar en la lengua habitual de elección a los niños afectados por un recurso de Cadeca, que estudien primer ciclo de educación primaria y educación infantil, y a promover las medidas de refuerzo necesarias para hacer posible la enseñanza en, las dos lenguas de los niños mayores de siete años. El mismo tribunal rechazó suspender cautelarmente la inmersión y también la pretensión de estos padres de que sus hijos recibieran su docencia exclusivamente en castellano.

La Generalitat considera que el requerimiento del Tribunal Superior lo cumple con la enseñanza individualizada en castellano y repitiendo el maestro la lección en ambas lenguas, dado que el Tribunal se manifestó contrario a separar a los niños en función de su lengua de enseñanza. Según Cadeca, algunos niños cuyos padres reclamaron clases en castellano han sido "marginados" en las aulas, reciben clase "en el comedor" y sufren "vejaciones".

El presidente de Cadeca, José Ignacio Allué; Gómez Rovira y otras personas de esa asociación convocaron ayer a la prensa para asegurar que no están contra el bilingüismo, pero sí contra el monolingüismo que, según ellos, está imponiendo "de forma sibilina" la Generalitat.

Allué contestó con un "no" rotundo cuando se le preguntó si Cadeca aceptaría una primera enseñanza en la lengua habitual de elección y una educación bilingüe (unas asignaturas en catalán y otras en castellano) en las etapas superiores. El objetivo de Cadeca, en palabras de Allué, es que toda la enseñanza pueda hacerse en castellano si así lo eligen los padres y el alumno, sin perjuicio de recibir clases de catalán.

Intervención

Cadeca enviará escritos a los presidentes de otras comunidades autónomas denunciando que la lengua castellana está siendo "relegada" en Cataluña, y reclamando su intervención.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, rechazó rotundamente que el castellano se halle en inferioridad de condiciones en Cataluña. "Sigue siendo cierto que si hay alguien que sólo hable o sólo quiera hablar en castellano, eso no le impedirá hacer una vida absolutamente normal en Cataluña. En cambio, si hubiera una persona que sólo hablara catalán, que no la hay, y quisiera realizar todas sus actividades en catalán, no podría hacerlo". Otra cosa es, añadió, que haya determinadas actividades para las que el uso del catalán es imprescindible: "Si alguien quiere ser locutor de TV-3 o secretario del presidente de la Generalitat, por ejemplo, y no conoce el catalán tendrá problemas, claro".

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por otra parte, no se opone a que se estudie la constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística, porque las dudas que al respecto tiene el Tribunal Supremo "no son notoriamente infundadas".

El fiscal general va a elaborar un informe en respuesta a una pregunta del Tribunal Supremo, que estudia la posibilidad de presentar cuestión de inconstitucionalidad contra tres artículos de la ley del catalán de 1983. La Generalitat también ha presentado sus alegaciones, en, este caso en contra de que se presente la cuestión de inconstitucionalidad. También lo ha hecho Gómez Rovira, quien sostiene que "la única lengua que en toda España se tiene la obligación de conocer es el español o castellano", sin perjuicio de la "especial protección" que merece el catalán.