La juez de paz de Tres Cantos no puede telefonear ni hacer fotocopias

Juzgado de paz, pero en pie de guerra. El de la localidad de Tres Cantos libra una batalla cotidiana contra la falta de medios: no hay fotocopiadora ni teléfono desde el que poder dar los avisos. La juez y los dos funcionarios se turnan para hacer la limpieza... con la aspiradora que se traen de casa. Gestionan más de 1.800 exhortos al año, pero están cansados de exhortar al Ayuntamiento para que les dé más medios. "Es un problema del Ministerio de Justicia", replica el alcalde, José Luis Rodríguez Eyre.

Ir a pie o abrir el monedero propio para llamar desde una cabina de teléfonos, así se hacen las gestiones. El teléfono del juzgado sólo se usa para recibir recados: nadie quiere hacerse cargo de un recibo que incluya también llamadas. Por eso sólo se reciben los timbrazos y nunca se marca. La juez de paz, Inés Pastor, abogada de 29 años, detalla sus desdichas laborales.¿Los certificados? Nada de fotocopiar el libro de registro, como es habitual: aquí se escriben a máquina, aunque se puedan deslizar errores. Si hacen alguna reproducción, los empleados tienen que pagarla de su bolsillo. "En diciembre me gasté 1.000 pesetas de mi sueldo en fotocopias", afirma el agente judicial, Antonio García Mellado.

Así es el día a día en el Juzgado de paz del municipio más joven de Madrid (más de 20.000 habitantes) y el único creado a golpe de Boletín Oficial del Estado, aunque, por cierto, tampoco se recibe esta publicación en el juzgado: no hay dinero. Si la sede judicial, situada en la entreplanta de la avenida de Viñuelas, 23, está limpia, es porque la juez y los funcionarios se turnan para adecentarla. La precariedad de medios se debe, según la juez, al Ayuntamiento: "El juzgado depende del Ministerio de Justicia, pero según la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cada Ayuntamiento tiene que proporcionar los medios instrumentales".

"Que pague Justicia"

El alcalde Rodríguez Eyre (del grupo Tres Cantos Unido) considera que esta ley es un abuso. "Es de vergüenza que me tengan que pedir a mí una máquina de escribir. Quien hace la justicia que la pague. Cada uno aguanta su vela y ésta es del ministerio

El primer edil, que estudia la posibilidad de acudir a la Federación Madrileña de Municipios para intentar un recurso contra la Ley de Demarcación en el Tribunal Constitucional, insiste en que "el problema es del ministerio". El Ayuntamiento costea el alquiler del local del juzgado (2.400.000 pesetas al año) y los gastos generales. "En total unos tres millones", dice el alcalde. Justicia paga a los tres empleados. También concede una pequeña subvención, 248.000 pesetas el año pasado, según informa el ministerio.