El PP presenta su alternativa a la television por cable

Los ayuntamientos, y no el Gobierno, deben ser las instituciones encargadas de conceder las licencias para la televisión por cable, según una proposición de ley presentada ayer por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En la misma se incluye también que las empresas y entes públicos -como Telefónica, Retevisión o Correos- no puedan operar redes de cable.Esa postura difiere del último borrador de ley preparado por la Administración, y aún no aprobado por el Gobierno, que atribuye al Ministerio de Obras Públicas el poder de conceder la gestión del servicio de televisión por cable y la fijación de las demarcaciones territoriales en las que se prestará dicho servicio.

Sin embargo, los dirigentes del PP tratan de distribuir ese poder entre múltiples autoridades. "Nosotros somos mucho más respetuosos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos", aseguró Javier Arenas, dirigente de un partido cuyo poder se sustenta en el control de 2.500 municipios. Arenas dejó claro que "estamos dispuestos al máximo diálogo con los grupos parlamentarios" y expresó sus deseos de obtener "el máximo acuerdo posible" en la elaboración de la ley, no sin destacar lo que les separa del Ejecutivo.

Cuando la demarcación propuesta para montar un servicio de televisión por cable afecte a varios municipios de una misma autonomía, los límites de dicha demarcación serán fijados por la comunidad autónoma, asunto en que el PP y el Gobierno mantienen posturas más próximas.

La oposición se propone también limitar la participación de empresas y personas físicas en el negocio de la televisión privada.

Para el PP, ninguna entidad ni persona física podrá participar en el capital de sociedades operadoras de cable "cuya actividad se extienda a demarcaciones territoriales que, acumuladas, cubran a más del veinticinco por ciento de los hogares españoles y el cincuenta por ciento de los hogares de una comunidad autónoma".

El cruce de iniciativas políticas en tomo a la televisión por cable se produce cuando ayuntamientos, empresas eléctricas, bancos y profesionales de la comunicación han comenzado a lanzar algunas redes de televisión por cable, sin aguardar a la aprobación de ley alguna.

El Partido Popular se propone mantener las situaciones de hecho ya existentes "hasta la aprobación del concurso definitivo que convoquen los ayuntamientos, según explicó ayer Javier Arenas.