Leguina compra un edificio de Carabanchel para la sede de la lucha contra el paro en el sur

El sur de Madrid tendrá su propio Ministerio de Trabajo para coordinar las acciones de todos los agentes sociales contra el paro, principal problema de este pobladísimo rincón -más de un millón de habitantes- de la capital. Uno de cada tres desempleados de la región viven en los ocho distritos del sureste, de Madrid. Para actuar en esta zona, el PSOE, que gobierna sin mayoría absoluta la Comunidad, ha aprobado la compra de un bloque de oficinas de 15.000 metros cuadrados en Carabanchel, distrito donde uno de cada cuatro vecinos está abonado al desempleo. Aquí, el Ejecutivo autónomo instalará en los próximos meses la denominada Cámara Económica del Sur.

Patronal, sindicatos y Administración llenarán las cinco plantas del edificio oficial con viveros de empresas, aulas de formación profesional, y una oficina del Instituto Nacional de Empleo (Inem) desde la que se atenderá a los nuevos demandantes de trabajo.Por 1.244 millones de pesetas (IVA incluido), el Gobierno de la Comunidad se ha hecho con un inmueble en propiedad, engordando así su escaso patrimonio.

La mayoría de las sedes de las consejerías autonómicas son alquiladas y pagan anualmente tarifas multimillonarias.

Esta operación se convierte, por precio y por superficie, en la adquisición del inmueble más importante que aprueba el Ejecutivo del socialista Joaquín Leguina en sus 10 años de gobierno, según reconocieron los responsables de la Consejería de Hacienda.

El Gobierno regional sacó a concurso esta operación el 1 de diciembre del año pasado y recibió dos ofertas. Una, en el distrito de Usera, desestimada porque tendrían que compartir el edificio con otras empresas, y otra, en Carabanchel, de la entidad Fercaber, SA, filial española de la constructora francesa Bouygues, una de las mayores de Europa, según indicaron altos cargos del Ejecutivo autónomo.

El equipo de Leguina se inclinó por esta última oferta y aceptó el precio, 1.244 millones de pesetas, con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) incluido.

Para hacer frente al pago de esta cantidad, la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Hacienda, reservó de los presupuestos del año pasado 746 millones de pesetas. Los 498 millones restantes saldrán de las cuentas regionales de este año.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del 23 de diciembre pasado, aprobó la adquisición del inmueble para dar una "'solución coherente" al principal problema que afecta al sureste: "El creciente deterioro económico e industrial y la alta tasa de paro"; pero no lo hizo público.

Ocho distritos

El pasado martes los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid recibieron la comunicación oficial del acuerdo adoptado por el Ejecutivo que dirige el socialista Joaquín Leguina.

La propuesta oficial para cerrar esta operación llegó en noviembre desde la Oficina de Cooperación para las Actuaciones Preferentes (OCAP). Este organismo, creado el año pasado por la Comunidad, tiene como finalidad fundacional resolver los problemas laborales, educativos y sanitarios que afectan a ocho distritos de la capital: Carabanchel, Latina, Usera, Villaverde, Vallecas Puente, Vallecas Villa, San Blas y Vicálvaro.

En los últimos tres años, el paro en esta área periférica de la capital de España se ha disparado hasta superar la cota de los 100.000. Si en diciembre de 1990 el desempleo registrado en las oficinas del Inem de esta zona alcanzaba a 53.741 personas, en noviembre de 1993 se había duplicado la cifra y el paro registrado afectaba ya a 107.779 personas.

Incluso hay distritos, como San Blas, donde una de cada tres personas activas busca un puesto de trabajo.

El nuevo Ministerio de Trabajo abrirá sus puertas antes de diciembre, según indicó Miguel Ángel Pascual, gerente de la OCAP.

Cifras alarmantes

"Pretendemos responder con este instrumento a las alarmantes cifras de paro y, a la vez, coordinar todos los recursos públicos actuando con carácter integrador", explicó Miguel Ángel Pascual.

El nuevo inmueble, de cinco plantas, se convertirá en el almacén donde coincidirán todas las empresas que la Comunidad ha puesto en marcha para empujar la actividad económica y generar nuevos empleos, y otros organismos oficiales del Estado.

Las plantas serán ocupadas por una nueva oficina del Instituto Nacional de Empleo; un vivero de empresas donde las pequeñas y medianas sociedades podrán disponer de servicios gratuitos de asistencia técnica y jurídica.

También ofrecerá más aulas para que se puedan impartir cursos de formación profesional destinados a jóvenes parados; y sucursales del Instituto Madrileño de Desarrollo y del Instituto Madrileño de Formación Profesional.

Arpegio, la empresa pública que se dedica a comprar y urbanizar grandes espacios para vendérselos a bajo precio a industrias y empresas de servicios, tendrá cobijo en el edificio, así como la Dirección General de Empleo.