González: "Los sindicatos ejercen un derecho constitucional"

El Gobierno, con su presencia masiva durante todo el debate, dejó clara su voluntad de mantener la reforma laboral que ayer debatió el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el silencio de Felipe González -"no voy a entrar a calentar el debate"- y la actitud extraordinariamente prudente hacia los sindicatos del ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, en su larga defensa de la reforma ante el pleno extraordinario demostraron la determinación del Gobierno de evitar posturas beligerantes ante la huelga general convocada para el próximo jueves 27. Después de todo, como recalcó González ante la ansiedad inquisitorial de los periodistas, "los sindicatos ejercen un derecho constitucional

El Parlamento mostró ayer su apoyo ampliamente mayoritario -el 90%- a la reforma laboral y dejó solos a los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña y Coalición Canaria en su rechazo a las tres leyes del Ejecutivo, detonantes de la huelga general.La fijación de este pleno extraordinario precisamente para ayer fue criticado por IU y su portavoz, Rosa Aguilar, afirmó: "O este pleno sirve para reabrir el diálogo social o es una provocación haberlo celebrado una semana antes de la huelga general. Es un error político pretender utilizar al Parlamento frente a los sindicatos".

Las dos coaliciones presentaron sus propias enmiendas a la totalidad a los tres proyectos de ley por los que se reforma la contratación laboral, se modifica profundamente el Estatuto de los Trabajadores y se regulan las empresas de trabajo temporal.

El Grupo Socialista intentó aislar del todo a Izquierda Unida, proponiendo a Coalición Canaria que retirase sus enmiendas a la totalidad con el argumento de que contienen importantes coincidencias con lo proyectos del Gobierno. Coalición Canaria no recogió la oferta lanzada por los diputados del PSOE, Francisco Arnau y José Barrionuevo. Otro parlamentario socialista, Constantino Méndez, descalificó con crudeza los textos alternativos de Izquierda Unida.

"Es", dijo, "un refrito de ideas ultraintervencionistas, de ideas plagadas de extravagancias como los fondos de inversión obligatorios, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años o el reparto del empleo".

Las enmiendas a la totalidad de la coalición de izquierdas contienen un modelo totalmente divergente con el Gobierno. Su reforma laboral se basa en el reparto del trabajo existente y contiene propuestas como la reducción de la jornada semanal a 35 horas -no precisa si recortando el salario como decía en su programa electoral- la eliminación de las horas extraordiarias, la rebaja de la edad de jubilación a 60 años y la creación de fondos obligatorios de inversión en las empresas formados con un porcentaje de los beneficios.

Los diputados de IU, Rosa Aguilar y Ricardo Peralta, argumentaron que "es posible otra política económica y otra forma de hacerla", mientras aseguraron que la reforma del Gobierno "precariza el empleo, traslada más inseguridad a los trabajadores y reducirá los salarios a largo plazo".

Costes excesivos

Para la coalición canaria el paquete del Gobierno está basado en que los costes laborales son excesivos y "en cierta histeria que hay en la economía mundial por el ascenso de los países del sureste asiático".

El diputado de esta coalición, José Carlos Mauricio, preguntó al Gobierno: "¿Es posible seguir hablando de diálogo? ¿La batalla de la semana próxima va a ser entre dos ejércitos que no dialogan?".

Él sospecha que pedir al Ejecutivo una negociación es "un esfuerzo inútil". Ningún responsable socialista ni del Gobierno recogió esa oferta ni la de IU más allá de vagos pronunciamientos sobre la bondad del diálogo. José Carlos Mauricio acusó al Ejecutivo de estar echando un pulso a las centrales sindicales y le lanzó un interrogante más: "¿Cree el Gobierno que con la derrota pírrica de los sindicatos es posible la senda del progreso?".Ningún ataque hacia los sindicatos se pudo escuchar ayer de boca del ministro de Trabajo, José Antonio Griñán. Su discurso careció absolutamente de beligerancia hacia los convocantes de la huelga general de la próxima semana.

Bien al contrario, recordó que los gobiernos socialistas son los que han aplicado más medidas de apoyo a las centrales sindicales. Y citó que en el paquete ayer debatido en el Parlamento se incluye una reforma de las elecciones sindicales, tal como la pactaron previamente con UGT y CC OO. La única que lanzó Griñán para las centrales fue compartida para la patronal CEOE.

Acusó a los interlocutores sociales de insolidaridad al haber pactado en 1993 aumentos salariales un punto superiores a la inflación, mientras el paro crecía en 345.000 personas. Según sus cálculos este incremento salarial equivale a la masa salarial anual de 100.000 empleos. Su defensa de las leyes del Gobierno se basó en que es una reforma global y equilibrada, que flexibiliza y moderniza el mercado de trabajo, preserva los derechos de los trabajadores y permite la creación de todos los empleos posibles a través de la eliminación de las barreras ahora existentes.