Trabajo declara enfermedad profesional el "síndrome Ardystil", causa de seis muertes

El denominado síndrome Ardystil es una enfermedad profesional. Así lo reconoce el Gobierno en una resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social firmada ayer. Aunque la consideración es provisional, a la espera de la investigación sobre el agente causante de la dolencia, permitirá a los afectados acogerse a indemnizaciones más altas y a prestaciones automáticas por incapacidad. Descubierto en abril de 1992, aunque el primer fallecimiento se produjo en febrero, el síndrome Ardystil, que lleva el nombre de la empresa donde se detectaron los primeros casos, ha provocado seis muertes entre trabajadores de industrias de aerografiado textil de las comarcas valencianas de l`Alcoià y El Comtat.

Los afectados por el síndrome Ardystil, un centenar de personas con las vías respiratorias seriamente dañadas, han esperado meses que la enferme fuese declarada dolencia profesional. Un juez de lo socia Alicante lo reconoció ya en marzo pasado en sentencia relacionada con la segunda de las víctimas, la joven Yolanda González, cuyo caso destapó en abril de 1992 la existencia de esta grave afección en la fábrica Ardystil, de Concentaina (Alicante), y desveló que en febrero de ese año se había producido otro fallecimiento similar.El consejero de Trabajo y Seguridad Social de la Generalitat Valenciana, el socialista Javier Sanahuja, señaló ayer que la resolución gubernamental "clarifica la situación de los afectados, ya que no tendrán que acudir a los tribunales para conseguir las compensaciones", informa Cristina Vázquez. Según Sanahuja, con resolución se logra una re¡vindicación de los afectados, Ejecutivo autónomo y de las Cortes Valencianas, que habían reclamado esta decisión, cuya singularidad radica en que se ha considerado profesional una enfermedad sin el requisito de conocer el agente causante.

Estampado de telas

La desconocida variante de la neumonía denominada síndrome Ardystil tiene su origen en la inhalación de productos tóxicos para el estampado de telas. El carácter sumergido e irregular de una gran parte de este sector favoreció las deficientes condiciones de higiene y ventilación que agravaron los efectos de un producto causal, que actualmente trata de determinarse en el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional (NIOSH) de Cincinnati (EE UU).

Este organismo se encargó de la investigación después de que el Instituto Nacional de Toxicología la abandonase en España por falta de medios. La investigación, en la que deben reproducirse en un laboratorio las condiciones de la fábrica donde se produjeron las muertes, resulta fundamental para establecer si el Acramín FWN, de la multinacional Bayer es, como apuntan los expertos, el agente causal del mal.

A la espera de que este estudio científico ofrezca resultados, la preocupación de los afectados se ha centrado en la atención médica y en las prestaciones sociales. La decisión del Ministerio de Trabajo cubre una parte importante de estas expectativas, ya que la diferencia entre una incapacidad laboral por enfermedad común y por enfermedad laboral está en que las pensiones en el segundo caso son más altas.

Se considera que la enfermedad profesional está directamente causada por la actividad profesional desarrollada. Las pensiones y las indemnizaciones se calculan tomando como referencia el salario cobrado por el afectado el año anterior, mientras que por enfermedad común, el cálculo se hace tomando como referencia la media del salario percibido durante los ocho años anteriores, informa Elena Castelló.

En caso de muerte, los familiares tienen también derecho a recibir una pensión mensual vitalicia (el 45% del salario para el cónyuge y el 20% para los hijos menores de 18 años) y una indemnización (seis mensualidades del salario para el cónyuge y una mensualidad para cada hijo menor de 18 años). Los padres tienen derecho a esta pensión si dependían económicamente del hijo fallecido. Otra diferencia es que el trabajador tiene derecho automáticamente a las prestaciones por incapacidad, mientras que en el caso de enfermedad común necesita haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social.

Los efectos de la declaración de enfermedad profesional son menos transcendentales en lo que se refiere a la asistencia sanitaria. Javier Sanahuja destacó ayer este hecho al precisar que la resolución permitirá que se acojan a sus beneficios posibles nuevos afectados, "pero las prestaciones sanitarias serán prácticamente las mismas de las que ya disponen".

El tratamiento de la "neumopatía intersticial difusa", nombre clínico de la enfermedad, ha generado alguna polémica sobre los casos más agudos, para los que algunos familiares han reclamado trasplantes de pulmón que las autoridades sanitarias se resisten a ver como la solución adecuada. El caso de Susana Javaloyes, una alcoyana de 22 años, a quien le fueron trasplantados con éxito los dos pulmones el pasado enero en un hospital de Burdeos, suscitó numerosas discusiones.