Sanidad reabre el debate sobre la eutanasia

Los 25 expertos en derecho, ética y sanidad que componen el consejo asesor de Sanidad debatieron ayer sobre un asunto tan polémico como actual: la eutanasia, actualmente penalizada en todo el mundo, excepto en Holanda, donde hay cierta permisividad legal. José María Segovia de Arana, presidente del patronato rector de la Fundación Jiménez Díaz y del consejo asesor, dijo que es algo "tan debatido, difícil y espinoso que no es sencillo llegar a un consenso".

Segovia de Arana insistió mucho en que no habrá conclusiones sobre eutanasia sí o eutanasia no. Sin embargo, los documentos básicos del Consejo marcan mayor flexibilidad hacia este asunto que la existente ahora en la legislación. Entre esos documentos figura una encuesta realizada el año pasado por el departamento de Toxicología y Legislación sanitaria de la Facultad de Medicina de la Complutense (Madrid) entre 1.109 médicos, enfermeras, estudiantes universitarios y personas jubiladas. En ella, el 70% está de acuerdo con la eutanasia pasiva (no dar auxilio a enfermos terminales). Sobre la eutanasia activa (los profesionales de la asistencia médica intervienen de forma activa para acelerar una muerte), el 55% se manifiesta en contra, el 34% está de acuerdo en determinadas circunstancias y el 10% se manifiesta totalmente partidario.El proyecto de reforma del Código Penal contempla una atenuación de las penas vigentes para "el que causare o cooperare activamente con actos necesarios a la muerte de otro, por la petición expresa y seria de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".

Otro de los documentos básicos del Consejo es el redactado por Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina. En él se indica que "la penalización mitigada de la eutanasia directa y voluntaria que recoge el proyecto de reforma del Código Penal, y la completa despenalización de la eutanasia indirecta, nos parece que constituye una base legal suficiente y correcta para los próximos años". Señala también la importancia de los consultores de bioética y los Comités Institucionales de Ética en los hospitales, que han de ser los encargados de estudiar y emitir informes sobre los casos concretos de eutanasia. "Esta es la manera más correcta de actuar, y además aquella que mejor puede proteger la vida de los pacientes y la honorabilidad de los profesionales".

Menos penal

Segovia de Arana dijo ayer en rueda de prensa que "quienes defienden la muerte dulce señalan que se trata de evitar sufrimientos intolerables para la dignidad humana. Pero, ¿qué es intolerable?, ¿qué es una vida digna de calidad? Los conceptos de calidad de vida son muy cambiantes, incluso para una misma persona".La propuesta de Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, al Consejo defiende una regulación por ley, "para evitar una judialización del tema". Señala que no es adecuado un tratamiento exclusivamente penal, "sino que convendría hacer un planteamiento positivo a través de una ley que fijase los supuestos en que se podría practicar y no sólo en los que se debe sancionar".

En el Consejo figuran además Francisco Grande Covián, Santiago Grisolía, José Luis López Aranguren, Ernest Lluch, Rafael Nájera, Alberto Oliart, Javier Pérez Royo, Carmen Mestre y Virgilio Zapatero, éste último nombrado ayer por la ministra de Sanidad. El Consejo acordó recomendar al Gobierno que el Código Penal contemple expresamente la penalización de comercializar órganos y tejidos humanos para trasplantes.

Por su parte el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, dijo ayer que "las circunstancias no hacen necesario plantear en este momento" la regulación de la eutanasia.