España y las partículas

LA REUNIÓN celebrada ayer entre los responsables del Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales (CERN) y las autoridades españolas constituye un ¿último? intento de poner fin a la anómala situación de nuestro país en dicha organización. El CERN goza de reconocimiento generalizado por ser uno de los más importantes laboratorios de investigación básica en el mundo, contando con un buen número de premios Nobel entre sus investigadores. Su existencia ha permitido que los europeos ocupen un indiscutible primer lugar en esta disciplina científica, gracias al esfuerzo coordinado de países que no hubieran podido desarrollar por separado los costosísimos instrumentos (aceleradores y detectores de partículas elementales) necesarios en este tipo de investigaciones.España se adhirió de nuevo al CERN en 1983, tras un breve y decepcionante paréntesis en los años sesenta, por acuerdo unánime del Parlamento, incrementando desde entonces su presencia en los programas experimentales y compartiendo derechos y deberes con el resto de los países miembros. La contribución al presupuesto del laboratorio, proporcional al producto interior bruto (PIB) de cada país, ha ido figurando, por decisión expresa del Gobierno, en el Ministerio de Industria y Energía, uno de cuyos representantes es el delegado español en el Comité de Finanzas.

Hasta 1991, la cuota española se fue satisfaciendo con normalidad, pero a partir de ese año, y en coincidencia con distintos recortes presupuestarios, dicho ministerio ha incumplido sus obligaciones, que son, no lo olvidemos, las del país, hasta el punto de que en los presupuestos de 1993 desapareció toda referencia a este capítulo. Sin entrar en más detalles, el resultado final es que se debe la anualidad de 1993 completa y la de 1992 casi en su totalidad, más los correspondientes intereses de demora.

El Ministerio de Industria y Energía ha suavizado el impacto de los recortes en su propio presupuesto, a cambio de ir absorbiendo la partida destinada a satisfacer un compromiso internacional, poniendo con ello en cuestión nuestra credibilidad internacional y dificultando nuestra presencia activa en dicha organización. Naturalmente, a sabiendas de que tarde o temprano habría que resolver el problema creado, porque, aun en el caso de que decidiéramos salimos del CERN, lo que iría en contra de la proclamada voluntad de integración en los organismos europeos, la deuda sigue pendiente y hay que saldarla.

La responsabilidad alcanza, desde luego, al Gobierno en su conjunto, que ha respaldado este tipo de actuaciones, y al Parlamento, que en el debate de los presupuestos de cada año ha ido aceptando propuestas que hacían imposible responder a un compromiso libremente adoptado por la misma Cámara en 1982.

Uno de los argumentos aducidos por los responsables ministeriales es que la cuota de retornos industriales es escasa y no está en proporción con nuestra contribución. Dicho argumento es esencialmente correcto, aunque debe matizarse; pero la solución es mejorar nuestros procedimientos para acceder con éxito a las licitaciones industriales del CERN, responsabilidad del ministerio en cuestión, y presionar para que haya un cambio de actitud o de reglas que favorezcan más a nuestro país. Precisamente se discute en estos momentos una propuesta que, de ser aprobada, contribuiría a equilibrar los retornos industriales obtenidos por cada país miembro.

En todo caso, la situación creada es inadmisible y debe ser resuelta ya. Ayer se acordó aplazar hasta dentro de tres meses la decisión definitiva sobre una posible reducción de la cuota española, así como sobre la forma de pago de la deuda acumulada, que es de unos 14.000 millones de pesetas. Una postura radical o maximalista podría, incluso, poner en cuestión nuestra continuidad como miembros del laboratorio. En cuanto a las autoridades españolas, es hora ya de que depongan esta actitud tan poco seria y de que solventen este conflicto.