Detenida por orden judicial la ex directora del BOE por delitos vinculados a la compra de papel prensa

La magistrada Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid, ordenó ayer la detención de Carmen Salanueva Urtiaga, ex directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE), a la que hoy tomará declaración por su presunta participación en varios delitos relacionados con la compra de papel prensa. Tanto Salanueva como el otro detenido, Enrique José Vidal Lorenzo, están acusados de malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, y fueron incomunicados por orden de la juez para evitar que se pusieran de acuerdo ante la declaración que deberán prestar hoy.

Fuentes judiciales aseguraron que la juez ordenó la detención de otras dos personas -un suministrador de papel y un comisionista- si bien no pudo confirmarse anoche que la detención se llevara a cabo. Respecto a la identidad de ambos, sólo pudo saberse que uno de ellos es de apellido extranjero. En cuanto a la detención de Enrique José Vidal Lorenzo, fuentes de la investigación informaron que se produjo a las dos de la tarde, cuando salía del despacho de su abogado, José Luis Casajuana Espinosa, en el número 37 de la calle Conde de Peñalver.

Sorpresa

La noticia de la detención de Salanueva, facilitada por la cadena COPE y confirmada por fuentes policiales, produjo sorpresa en medios jurídicos, ya que la información vinculaba la privación de libertad con la comparecencia ante la juez un día después. Fuentes judiciales explicaron a este periódico que la razón del anticipo de la detención ha sido el propósito de la juez, con la conformidad del fiscal, de impedir a Salanueva y a los otros detenidos comunicarse entre sí, con antelación a la declaración que prestarán hoy ante la juez.

El arresto de Salanueva se produjo a las diez de la mañana en su actual lugar de trabajo. Su abogado, José María Stampa Braum, permanecía ayer en Murcia, en donde se ocupa de la defensa de uno de los presuntos autores del homicidio de Cieza.

Localizado por este periódico, Stampa declaró que se había enterado de lo que denominó "retención" de Salanueva por la tarde, y que la asistencia jurídica estaba encomendada a otro letrado de su despacho. Añadió: "La juez ha actuado de forma muy silenciosa los cuatro o cinco últimos meses y ha mantenido el sumario en secreto. Cuando lo levantemos, no sabemos qué nos encontraremos detrás".

Las dos detenciones confirmadas fueron realizadas por inspectores del Grupo 80 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, especializados en la investigación de delitos económicos.

Aunque algunas informaciones relacionaban con la detención de Salanueva a su amiga Gloria Nistal, vocal asesora del subsecretario del Ministerio para las Relaciones con las Cortes -del que depende el BOE- y a Santiago Sánchez Ezquerra, ingeniero ya jubilado, antiguo funcionario del BOE, fuentes conocedoras de la investigación judicial señalaron que las indagaciones de los últimos meses han conducido el caso por nuevos derroteros, si bien coinciden en que la principal implicada sigue siendo Salanueva.

Tras su detención, Salanueva fue trasladada a las dependencias de la Brigada de la Policía Judicial, desde donde hoy será conducida a la sede del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, en la madrileña plaza de Castilla. La investigación guarda relación con la compra de papel prensa para el BOE durante los años 1989 y 1990, en los que Salanueva estuvo al frente del citado organismo oficial.

La investigación judicial se inició hace más de un año por malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas. El fraude que desencadenó la investigación fue descubierto en 1991 por la Intervención General del Estado, que comprobó los altos precios a los que se compraba el papel destinado al diario oficial.

Las iniciales investigaciones fiscales y judiciales descubrieron que las irregularidades procedían de la compra de papel prensa para el BOE, que en la mayoría de los casos revertía sucesivamente, mediante adjudicación directa, a las sociedades Toixima, Papelera Udalar y Papel 6, a unos precios más altos de los existentes en el mercado.

Así, se alcanzaron precios de hasta 142 pesetas el kilo, cuando posteriormente se consiguió comprar papel prensa de iguales características a 86 pesetas el kilo, y más tarde, mediante el sistema de concurso, hasta a 81 pesetas el kilo. El mecanismo de compra eludía la firma del ministro, necesaria para operaciones de 50 millones de pesetas.

Menos de 50 millones

Entre enero de 1989 y mayo de 1991 se firmaron 16 contratos de papel prensa para el BOE, 11 de los cuales fueron autorizados por la directora general al tratarse de importes inferiores a los 50 millones de pesetas. Julio Fernández González, entonces jefe del área de producción del BOE, debía proponer las cantidades aconsejables de papel de acuerdo con las necesidades de adquisición. En enero de 1991 propuso adquirir dos millones de kilos de papel para dejar cubiertas las necesidades "hasta finales de octubre". Sin embargo, en los dos meses siguientes formuló nuevas propuestas de adquisición y fueron contratadas sendas remesas de 350.000 kilos.