El Gobierno dice que los sindicatos favorecen a la derecha

El Gobierno da por zanjado el diálogo con los sindicatos. Ahora, por lo tanto, declara imposible un pacto con los agentes sociales para la creación de empleo y se dispone a aprobar el viernes un conjunto de medidas de reforma del mercado de trabajo que intentará que sean aprobadas por consenso parlamentario. No obstante, Felipe González se resistió ayer a dar carpetazo al diálogo, pero advirtió que la huelga general convocada por los sindicatos para enero "no es el mejor procedimiento para el diálogo" ni "predispone más a la negociación o al acuerdo", especialmente "en una situación económica como la actual". Ahora el Ejecutivo se dispone a contraatacar. Para ello ha decidido emprender una campaña informativa para difundir el talante obstruccionista que, en su opinión, han mantenido los sindicatos durante la frustrada negociación. Además, considera que su pelea con las centrales sólo beneficia a la derecha.

El clima que se vive estos días en el Gobierno es de desolación, ya que cuando "hay pelea entre los sindicatos y un Gobierno socialista, ambos quedan debilitados, y es la derecha quien sale fortalecida", según un portavoz gubernamental.El Gobierno no cree necesaria una reunión esta semana con los sindicatos, a la vista de que, tras numerosas conversaciones, no ha sido posible un mínimo acuerdo, sino que, por el contrario, se está fraguando una huelga general. Sólo si los sindicatos presentaran una "plataforma alternativa" a las propuestas del Ejecutivo sobre reforma del mercado laboral habría posibilidad de una nueva reunión antes del Consejo de Ministros del viernes.

Ese día, el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, comparecerá ante la opinión pública para explicar una a una las medidas que apruebe el Consejo de Ministros. Este extremo también forma parte de la campaña informativa emprendida por el Ejecutivo. Fuentes de ese ministerio aseguran que Griñán no quiere hacer referencias a la convocatoria de huelga. "El derecho a la huelga está en la Constitución, y quienes la convocan tendrán que explicar por qué. Al Gobierno le corresponde explicar sus medidas, cuyo único objetivo es la creación de empleo", dijeron los interlocutores.

No obstante, tanto empresarios como sindicatos tendrán oportunidad de enjuiciar estas medidas una vez más, dado que las normas aprobadas por el Gobierno irán necesariamente al Consejo Económico Social (CES), organismo que tiene que dar su dictamen, y en el que están representados los agentes sociales.

Agravios mutuos

En el Ejecutivo existe un sentimiento agridulce por todo este proceso de negociación infructuosa que empezó el pasado mes de septiembre, aunque Griñán ya anunció en esa fecha que antes de fin de año el Gobierno tomaría las medidas pertinentes.

Fuentes gubernamentales estiman que los sindicatos no han querido un acuerdo, dado que "cuando se iba a hablar de política de rentas sacaron a colación las pensiones y los sueldos de los funcionarios, y después las reformas del mercado de trabajo. Todo esto hay que explicarlo a la opinión pública".

Estas fuentes indican que el Ejecutivo comprendió los escasos deseos de los sindicatos de llegar a un acuerdo cuando éstos no reaccionaron al retirar el Gobierno su propuesta inicial de suspender temporalmente la percepción del desempleo a quienes recibieran una indemnización por despido. El Gobierno asegura que en sus conversaciones con los sindicatos llegó a ceder en 35 puntos, mientras que las aportaciones sindicales concretas fueron, dicen, mínimas.

La próxima semana, el Ejecutivo empezará conversaciones formales con los grupos parlamentarios. El Gobierno cree posible el acuerdo con CiU y quizá con el Partido Popular. Pone en duda, sin embargo, la disposición de Izquierda Unida a avalar sus tesis.

Por otra parte, Felipe González cenó anoche en La Moncloa con el primer ministro de Bélgica, Jean-Luc Dehaene, para preparar el Consejo Europeo del 10 y 11 de diciembre, con el que concluirá la presidencia belga de la Unión Europea (UE). A última hora de la noche, Dehaene viajó a Lisboa.

El plato fuerte del Consejo Europeo será el Libro Blanco del presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors, que, según González, "puede servir a cada Gobierno. y a la UE en su conjunto". El documento, prosiguió, "pretende ser un instrumento útil para el crecimiento, la competitividad y el empleo". En él "quedarán reflejadas lo que son políticas necesarias para ganar competitividad".

Aval europeo

A juzgar por sus palabras el jefe del Ejecutivo busca el aval de la próxima cumbre de líderes europeos a la reforma laboral que emprenderá el viernes con la adopción por el Consejo de Ministros de medidas para flexibilizar el mercado laboral.

Para lograr en Bruselas un espaldarazo más llamativo a las reformas laborales, González sugirió a su huésped que sería útil ofrecer, al término de la cumbre, una rueda de prensa conjunta de los doce líderes europeos. Ante el canciller alemán Helmut Kohl, el sábado en Granada, González también esgrimió esa idea que serviría "para que todos los ciudadanos europeos supieran hasta que punto hay una gran coincidencia cuando analizamos los problemas estructurales de la economía europea".

La idea no es nueva. En octubre de 1992 ya se la formuló González por carta al presidente de turno de la Comunidad Europea, el británico John Major. Se trataba entonces, en plena turbulencia monetaria, de dar una imagen de unidad. Ahora el objetivo sería más bien de poner de relieve "el grado de coincidencia que supera lo que se podría llamar la barrera ideológica" entre los jefes de gobierno democristianos y socialistas. La tesis sería que todos los gobiernos han llegado a un mismo análisis de cuál es la situación y cuál es la respuesta.

Desde luego Dehaene comparte el diagnóstico de González. Prueba de ello es que ante el fracaso del diálogo social con los sindicatos el primer ministro hizo aprobar por el Parlamento un plan de austeridad, que recorta prestaciones sociales', aumenta los impuestos y congela los salarios, que provocó el viernes la primera huelga general en Bélgica desde 1936. El seguimiento masivo de la huelga le ha incitado, sin embargo, a prometer adaptar su plan pero manteniendo sus principales disposiciones.