El Gobierno impone por decreto-ley los nuevos contratos

Ni el Gobierno ni los sindicatos quisieron reconocer ayer la ruptura del pacto social, pero sus intenciones inmediatas indican que el diálogo se quebró en esa reunión que duró poco más de una hora. El Ejecutivo mantiene sin cambios su reforma laboral y la aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes día 3. Por decreto-ley pondrá en marcha la creación de la figura del aprendiz y la reforma de la contratación temporal, que entrarán en vigor de inmediato. El resto de medidas se recoge en un anteproyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores. Una vez que han conocido esa decisión del Gobierno, las direcciones de UGT y Comisiones Obreras tienen previsto fijar en los próximos días la fecha para una huelga general de 24 horas.

El encuentro que mantuvieron ayer los responsables de Trabajo y los sindicatos se celebró en contacto telefónico directo con el Consejo de Ministros. Nada más comenzar, UGT y CC OO pidieron al secretario general de Empleo, Marcos Peña, que plantease al Gobierno estas preguntas: ¿Reconsidera sus medidas y abre un proceso real de negociación? ¿Elimina el plazo tope de discusión del 30 de noviembre y el día 3 para la aprobación de las medidas? ¿Renuncia al procedimiento del decreto-ley?. La respuesta procedente de Moncloa en los tres casos fue no.Las multitudinarias manifestaciones de protesta celebradas el día antes no han hecho cambiar los proyectos del Gobierno. Además ayer planteó a los sindicatos un nuevo paquete de medidas (ver cuadro) que flexibilizan las relaciones laborales en el interior de los centros de trabajo, que se suman a las ya conocidas sobre despido, contratación y negociación colectiva.

Marcos Peña no despreció las manifestaciones del jueves y reconoció ser consciente de que "la gente no se manifiesta por capricho y no expresa su malestar porque sea díscola". Pero añadió que a él y al Gobierno les hubiera gustado más que "los dirigentes sindicales se manifestaran con la cabeza, no con los pies". De nuevo volvió a pedir a las centrales respuestas alternativas.

En consecuencia, el próximo Consejo de Ministros aprobará sus medidas, unas por decreto ley y otras en un anteproyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores, y que será enviado primero al Consejo Económico y Social (CES) y posteriormente al Parlamento.

Apoyo de ELA-STV

La reacción de los sindicatos fue ayer inmediata. José María Fidalgo (de CC OO) dijo que el Gobierno ha cometido dos errores: "Desprecia la voluntad negociadora de los sindicatos, de un calibre que no se había planteado en este país desde hace mucho tiempo, y desprecia las manifestaciones de ayer [las del jueves]". A continuación añadió que ahora "se impone una respuesta dura; a partir de hoy las direcciones de los dos sindicatos la vamos a estudiar". Esa respuesta es la huelga general, decidida por la ejecutiva de CC OO el pasado martes.La UGT la aprobará en los próximos días, previsiblemente en una reunión urgente de los secretarios generales de las uniones y federaciones con la ejecutiva confederal. Inmediatamente después las direcciones de UGT y CC OO pondrán fecha al paro general. ELA-STV apoyará la huelga general siempre que se cuente con ellos para concretarla, informa Eva Larrauri.

Ayer el dirigente ugetista, Apolinar Rodríguez, dejó bastante claro que su central está dispuesta al paro general. "Hemos hecho una apuesta para que la respuesta social [las movilizaciones del jueves] fueran tenidas en cuenta por el Gobierno. No ha sido así y no nos dejan otro camino que un mayor esfuerzo movilizador". Asimismo declaró a EL PAÍS que el Ejecutivo, con su paquete de medidas, "ha sobrepasado lo que la sociedad española está dispuesta a tolerar".

Las nuevas reformas que ayer presentó Trabajo sobre movIlidad, flexibilidad de jornada y salarios son consideradas "muy graves" por las centrales sindicales. Apolinar Rodríguez cree que "no son reformas menores; son gravísimas y en algunos casos emblemáticas como la desaparición de la jornada máxima de ocho horas". Fidalgo prevé que ese paquete "va a destruir empleo, a precarizar el existente y no resuelve los problemas".

En cambio Marcos Peña asegura que las medidas presentadas ayer tienen como objetivo favorecer la movilidad en el seno de las empresas, para evitar el recurso último del despido. El secretario general de Empleo no se atreve a certificar "la defunción del pacto social", quiere seguir hablando con los sindicatos y se resiste a creer que las 33 reuniones celebradas desde el pasado mes de julio "no vayan a valer para nada". También los sindicatos rehusaron hablar abiertamente de ruptura del diálogo, aunque Fidalgo responsabilizó al Consejo de Ministros de haber dado "el carpetazo".

El próximo miércoles Marcos Peña mandará por escrito a los sindicatos el conjunto de medidas más detallado y no descarta que haya algún encuentro posterior y previo al Consejo de Ministros que tomará la decisión última.

El martes, el presidente del Gobierno, Felipe González, se reunirá con los líderes de UGT y CC OO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, respectivamente, pero con un objetivo distinto. Como miembros de la Confederación Europea de Sindicatos, acompanarán al secretario general de la CES, Emilio Gabaglio, dentro de la ronda que éste mantiene con los jefes de Estado y de Gobierno antes de la cumbre comunitaria de Bruselas.