Casinos y aseguradoras presionan al Congreso contra la ley antiblanqueo de dinero

Casinos de juego, aseguradoras y notarios, tres colectivos tan aparentemente lejanos, se han visto unidos por la droga y el terrorismo. Exactamente por las obligaciones que trata de imponerles el proyecto de ley de medidas para la prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Casinos y aseguradoras se han dirigido a los grupos parlamentarios para tratar de suavizar el control sobre sus clientes. Alegan que la colaboración que se les requiere les llevaría al "colapso". Los notarios, por su parte, han entablado una discusión jurídica sobre el "deber de colaboración" que les exige el Gobierno, que ha paralizado la tramitación del proyecto.

La ley contra el blanqueo de capitales trata de dar cumplimiento a una directiva europea, y debió entrar en vigor el 1 de enero de este año. En la legislatura pasada el proyecto llegó hasta el Senado y decayó por la convocatoria electoral del 6 de junio. Con la nueva legislatura, el Gobierno se ha apresurado a reenviar el proyecto a las Cortes.La ley trata de "prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de la actividad económica, para el blanqueo de capitales" procedentes de:

- Actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

- Actividades delictivas relacionadas con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

- Actividades delictivas realizadas de forma organizada por asociaciones ilícitas.

El proyecto, en resumen, trata de imponer la obligación de que una serie de instituciones y entidades identifiquen a sus clientes, a terceras personas en nombre de las cuales pudieran actuar, examinen "con especial atención" cualquier operación que resulte sospechosa, conserven durante cinco años la documentación que acredite las operaciones y las identidades de los sujetos que las realizaron y comuniquen al servicio ejecutivo cualquier "indicio o certeza" de que una operación tiene conexiones con el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado.

El propio texto del proyecto de ley especifica que estas obligaciones afectan a entidades de crédito, entidades aseguradoras para operar en el ramo de vida, sociedades y agencias de valores, instituciones de inversión colectiva, gestoras de inversiones colectivas y de fondos de pensiones, sociedades gestoras de cartera, sociedades emisoras de tarjetas de crédito y personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades, de cambio de moneda.

Pero, además, el texto del Gobierno incluye a los casinos de juego, las actividades de promoción inmobiliaria y un amplísimo elenco de actividades que se determinarán en su día por vía reglamentaria y que, en definitiva, engloban negocios susceptibles. de constituirse en canales para el blanqueo de dinero. El proyecto establece sanciones y, multas que pueden llegar hasta el 1% de los recursos propios de la entidad sancionada o el montante de la operación fraudulenta más un recargo del 50%.

Los casinos de juego parecen haber visto en estas previsiones a un enérgico crupier legal que, según aseguran, les lanza una especie de "no va más" que llevaría al colapso de sus negocios. La Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), que reúne a los 19 establecimientos españoles de este tipo y que el año 1992 tuvieron unos ingresos de 28.205 millones de pesetas, se ha dirigido a los grupos parlamentarios por escrito para asegurar que está "seriamente preocupada por los graves efectos distorsionadores" que ocasiona el proyecto y que, según la asociación, tendría consecuencias. que "pueden llegar a provocar su práctica paralización".

En el escrito que han enviado a los parlamentarios, los casinos razonan que es imposible controlar todas las operaciones de cambio de dinero por fichas que se realizan cada noche, y menos aún archivarlas durante cinco años. "La mayoría de los clientes juega pequeñas cantidades en moneda de curso legal. Los que juegan grandes cantidades", prosigue el escrito, "cambian las fichas por cheques o por tarjetas de crédito, por lo cual ya están identificados, y es dinero blanco al proceder de instituciones bancarias".

Los casinos entienden que la ley es discriminatoria porque, lo mismo que allí puede arriesgarse dinero procedente del delito, también puede hacerse -dicen- jugando a la lotería, bonoloto y quinielas.

En último término, los casinos de juego piden que las obligaciones de control y denuncia, en su caso, queden limitadas exclusivamente a "los negocios de cuantía relevante", y adelantan que la propia directiva europea establece obligaciones de control para operaciones que excedan de 15.000 ecus, unos 2,3 millones de pesetas.

El mismo intento de limitar las cuantías controlables se ha puesto en marcha por parte de las aseguradoras. La patronal Unespa ha presionado a distintos grupos parlamentarios, y Convergéncia y Unió llegó a presentar enmiendas para reducir el campo de obligaciones, aunque luego las retiró.