El deber de "colaboración" de los notarios

Los notarios pueden quedar al margen del "deber de colaboración" contra el blanqueo de dinero que les impone el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso. El Grupo Socialista podría enmendar el texto y retirar la mención a los funcionarios de arancel -notarios y registradores de la propiedad, entre otros-, que cobran a los usuarios por sus servicios para lograr la máxima rapidez en su tramitación, según afirmó el portavoz socialista Juan Pedro Hernández Moltó.El proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales ha suscitado un problema jurídico de fondo en su tramitación. El PP presentó una enmienda según la cual los cuatro primeros artículos del proyecto afectan a derechos fundamentales de la persona y, por tanto, deberían tener carácter de ley orgánica, que exige el voto de la mayoría absoluta de las cámaras, es decir, la mitad más uno de sus componentes.

Un dictamen de los servicios jurídicos del Congreso que se entregó la semana pasada a los portavoces de los grupos razona que el proyecto no afecta a derechos fundamentales en esos artículos, y no exige el carácter de ley orgánica. Pero el estudio jurídico de la totalidad del articulado suscita dudas sobre el contenido del artículo 16, en el que el Gobierno extiende el deber de colaboración a "toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel", es decir, los notarios, que deberían informar al servicio ejecutivo de "los hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales" procedentes de la droga o el crimen organizado.

Sobre este punto se ha suscitado la duda de si afecta al secreto profesional, y si el secreto debe ser considerado como derecho fundamental. En definitiva, y para evitar que el proyecto tenga que ir al pleno y retrasarse varias semanas, los socialistas estarían dispuestos a retirar esta mención si el resto de los grupos hace caballo de batalla de la misma.

Tanto Hernadéz Moltó como Gonzalo Robles, portavoz del PP en este asunto, han asegurado que no han recibido, directa ni indirectamente, presiones del notariado, aunque Robles admite que "han debido sorprenderse mucho", y recuerda la actitud histórica de los notarios, que han tratado de preservar la confidencialidad más rigurosa ante sus clientes sobre el origen del dinero que manejen en un negocio.

La Mesa del Congreso decidirá hoy si algún artículo de la ley debe tener la consideración de ley orgánica. De no ser así, la comisión concluirá sus trabajos en breve y se espera que antes de que finalice este año la ley pueda entrar en vigor.