Cineastas y productores piden al Gobierno que regule la industria audiovisual

Productores, directores, técnicos y autores españoles han redactado un documento en el que piden al Gobierno una "política global" que regule el sector audiovisual en Es paña. El texto fue presentado ayer al Ejecutivo en una reunión con la ministra de Cultura, Carmen Alborch; el titular de Comercio, Javier Gómez-Navarro, y el de Transpiortes, José Borrell, para analiza la situación del audiovisual ante las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Salvador Clotas, responsable de cultura del PSOE, dijo que la posición del Gobierno y de su partido a favor de la excepción cultural se mantiene inalterable "porque se trata, en suma, de la supervivencia del cine europeo".

El sector audiovisual es uno de los más importantes caballos de batalla en la discusión de los acuerdos del GATT. Las producciones de Estados Unidos, que pretende que el cine sea incluido en los acuerdos y tratado como mercancía, representan el 80 % del mercado español. El cine europeo, que defiende un tratamiento diferenciado en el GATT, mantiene un déficit con el cine estadounidense que la Fundación Procine, que agrupa a los más importantes productores españoles, cifra en 540.000 millones de pesetas. Son estos los números que están en juego.El documento presentado ayer, suscrito, entre otras entidades, por la Sociedad General de Autores (SGAE), la Fundación Procine, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España, y la Academia Española del Cine' estudia en cinco puntos la Situación del sector, y plantea como reto más destacado la consecución por parte del cine español de una cuota de mercado como mínimo del 25%, mediante una política de reactivación del sector, según explicó Pedro Pérez, presidente de FAPAE.

Financiación e inversión

Éste es el primer punto del documento, que destaca también «el resultado negativo de la inclusión del audiovisual en el GATT, que puede dejar al cine español como algo marginal y testimonial", y que en sus puntos tercero y cuarto reclama "un cambio en la política de financiación e inversión para el sector, basado en otros modelos europeos" (sin mencionar expresamente el modelo francés), y "un plan urgente y transitorio para afrontar la crisis económica y el paro en el sector", que incluye, entre otras medidas, tratamiento para las empresas audiovisuales similar al que reciben otras pequeñas y medianas empresas. El punto fundamental es el quinto, la petición de "la adopción por parte del Gobierno de un plan global y definitivo del audiovisual en España".Estos puntos fueron abordados en la tarde de ayer, en la sesión que representantes del Gobierno mantuvieron con destacados exponentes del sector audiovisual. El ministro de Comercio, Javier Gómez Nava7o, afirmó al llegar a la reunión que asistía porque él sabía bien lo que es el GATT, cómo se negocia y cuáles son los límites. "Creo que este intercambio de opiniones puede ser muy últil para todos porque han estado representados todos los sectores interesados", afirmó.

En el mismo sentido se pronunció Carmen Alborch, titular de Cultura. "La postura más adecuada es la defensa de la excepción cultural. Si ésta no se logra exigiremos seis requisitos fundamentales. Entre ellos estará el mantenimiento de las subvenciones para 'proteger' nuestra identidad cultural".

"Las cosas están claras, pero la situación es difícil", afirmó el responsable de cultura del PSOE, Salvador Clotas, quien reconoció que la pretensión de Francia de excluir totalmente el cine de los acuerdos del GATT está perdiendo fuerza, mientras cobra importancia la opción de la "cláusula de especi:Ficidad". Esta opción ha sido defendida por el comisario europeo de Relaciones Exteriores, el británico Leon Brittan, y supondría la inclusión del audivisual europea en el GATT, pero con una cláusula de especificidad. Esta posición significa, en esencia, el mantenimiento del estado actual de las cosas, aunque podría también dejar abierta la posibilidad de negociar algunos puntos país por país.

"Francia se está quedando sola en esta lucha y nosotros, que somos los únicos que los hemos apoyado en todo momento, vemos la necesidad de abrir un debate. En España hemos tenido el apoyo de todo el sector del cine, aunque la opinión pública no se ha manifestado sobre ello. Pensamos que no se debe mantener una posición inflexible en cuanto a la excepción cultural Tal vez debamos optar por la solución menos mala", añadió Clotas.

Pedro Pérez, presidente de AFAPAE, y encargado de defender ante el Gobierno el documento reivindicativo, no está de acuerdo con la solución intermedia. "La especificidad supondría, en realidad, hacer una foto fija del cine. Las cosas se mantendrían como están. Si tenemos en cuenta que en estos momentos en España no hay una política global, el acuerdo condenaría al cine español a quedarse en el peor momento de su historia".